Nuevo revés en el futuro de la calle Hayedo de Zaragoza, que lleva 12 años esperando a que el ayuntamiento y la Diputación Provincial (DPZ) alcancen un acuerdo de cesión de una pequeña parcela para poder ejecutar la reforma de esta vía. Dos meses después de que el Jurado de Expropiación Forzosa fijase en 72.715 euros el precio que el consistorio debía pagar a la diputación por un terreno de 365,31 metros cuadrados, la institución ha decidido recurrir la decisión y reclamar más dinero.
En concreto, la Diputación de Zaragoza ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza del 17 de diciembre de 2021 por el que se aceptaba la Resolución del Jurado de Expropiación Forzosa y se impulsaba la ejecución del proyecto de para prolongar la calle Hayedo.
La DPZ alega que, según un informe técnico emitido por Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos adscrito al Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras y por Técnico Superior de Urbanismo y Obras, Arquitecto, el justiprecio debería ascender a 93.269,23 euros frente a los 72.715 que acordó el jurado expropiatorio.
Las diferencias entre ambas instituciones viene de lejos. Tanto que el ayuntamiento acabó acudiendo al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa después de años tratando de alcanzar un acuerdo con la Diputación, que solicitaba por un terreno de 365,31 metros cuadrados 962.311,38 euros, mientras que el consistorio estaba dispuesto a pagar 72.715 euros, la friolera de 889.596 euros menos. Es la misma cantidad que solicitó en el 2009, cuando se inició el expediente, paralizado desde entonces.
La cuantía exigida por la DPZ entonces triplicaba el presupuesto de la propia obra, de 350.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. El proyecto contempla la creación de un paseo peatonal de arena compactada paralelo a la acequia, que sigue siendo a día de hoy propiedad de la DPZ. La concejala de Infraestructuras, Patricia Cavero, había planteado una actuación con la que convertir a esta calle en una zona más verde, con árboles en sus laterales y jardineras.
Desde Vox, Julio Calvo, no tuvo reparos en denunciar a través de su cuenta de Twitter que el recurso presentado por la Diputación tiene como «único propósito de retrasar las obras de prolongación que piden los vecinos», que tendrían que comenzar en otoño, cuando se corta el paso de agua por la acequia. Ahora, con el recurso, la reforma se queda en el aire a la espera de que se resuelva, un proceso que no suele ser ágil.
Otra de las preocupaciones vecinales de esta zona de la ciudad tiene que ver con la falta de aparcamiento. En concreto, los vecinos del entorno de la calle Embarcadero hicieron ayer entrega de más de 1.600 firmas en las que reclaman que se mantenga la explanada que se utiliza como aparcamiento, un terreno que pertenece al Gobierno de Aragón. Lo hicieron en un encuentro con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que explicó que se está negociando con la DGA una permuta de esos suelos para poder garantizar la permanencia de esas plazas e, incluso, la adecuación del solar.
