Los trabajadores de la Comarca Campo de Cariñena se han concentrado en la puerta de la sede comarcal para denunciar que durante esta legislatura, que comenzó en julio de 2019, han visto "cómo se judicializaba nuestro ámbito laboral, profesional e institucional: trabajadores denunciados por presuntos delitos, otros llamados a declarar como testigos o supuestas víctimas de esos presuntos delitos". La concentración ha tenido lugar este jueves, 20 de octubre.

Cuenta que en julio de 2021, la comarca contaba con unos 70 trabajadores, de los que 16 prestaban sus servicios en las oficinas de la sede comarcal. Seis de ellos han sido despedidos o suspendidos en sus funciones, denuncian, bien mediante "un despido disciplinario cuando ni siquiera se ha realizado el obligado expediente administrativo" y con procesos judiciales favorables para los trabajadores despedidos, "bien con sentencia firme como despido improcedente bien con sentencia no firme como despido nulo".

Uno de los despidos "fue improcedente estableciéndose en sentencia firme una indemnización económica, la cual todavía no ha sigo abonada en su totalidad al trabajador afectado", dos fueron nulos "mediante sentencia no firme", por lo que ambos trabajadores han sido reincorporados de forma provisional a su puesto de trabajo, pero "no se les deja realizar sus funciones tal y como las estaban realizando antes del despido, por lo que las reincorporaciones se están dando de forma irregular". Y otros tres han sido "cesados en sus funciones alegando estar incursos en procesos judiciales que la entidad previamente había iniciado".

Además, señalan que se han producido "nuevas contrataciones para realizar las funciones y tareas de los trabajadores despedidos y posteriormente reincorporados" y de los cesados, además de otros para "cubrir puestos no definidos en la plantilla". Señalan que esta situación ha provocado "una situación insostenible y un mal ambiente laboral; además del coste económico, emocional y el desgaste personal que supone sobre todo a los trabajadores directamente afectados", ya que los procesos judiciales abiertos implican un gasto para la comarca.

Los trabajadores están también molestos porque no hay diálogo con el comité de empresa por parte de la comarca" ni se ha respondido a las peticiones demandadas por los trabajadores, como el "inicio del expediente administrativo para proceder a reconocer el nivel C2 a un grupo numeroso de trabajadoras" o la "dejación de funciones en materia de prevención de riesgos, ausencia de respuesta ante cualquier planteamiento realizado por los trabajadores o por el propio comité. En este sentido, en mayo de este año se constituyó el Comité de seguridad y salud por "mandato de Inspección de trabajo", cuentan, tras una demanda del comité. En 2021 no se realizaron los tradicionales reconocimientos médicos anuales ni realizado la formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos ni la relacionado con el covid, por lo que "el teletrabajo" fue adoptado de manera discrecional y solo para determinados trabajos, señalan desde el comité.