El desconcierto se apoderó ayer de los dos colectivos sobre los que, con más peso, descansa el polémico decreto del Gobierno, que entra hoy en vigor, y que fija el cobro de los servicios sanitarios prestados a aquellos extranjeros que no cuenten con la condición de asegurados --6.000 en Aragón--. Personal de administración de los centros, por un lado, y asociaciones de inmigrantes, por otro, pusieron de manifiesto que la información no les ha llegado con la claridad suficiente, como para que las primeras jornadas con el decreto en funcionamiento se desarrollen normalmente.
Un extremo que negó tajantemente el Gobierno de Aragón. Fuentes del Departamento de Sanidad explicaron ayer que, "además de la circular que se mandó a todo el personal sanitario explicando cómo va a ser en la comunidad la aplicación del decreto, se hizo llegar otra nota de índole interno, para detallar cuál ha de ser el procedimiento para la facturación y el cobro de las personas a las que se atienda y no tengan seguro".
No comparten esta tesis los profesionales de los servicios de admisión con los que habló ayer este periódico. "A nosotros nadie nos ha dado instrucciones acerca de lo que tenemos que decirle a los no asegurados, ni nos han explicado en qué consisten esos convenios a los que pueden acogerse, ni qué tenemos que trasladar a los afectados", aseguró una administrativa de un centro de salud zaragozano.
EN LA BASE DE DATOS De hecho, varios sanitarios solo admitieron haber recibido ayer el complemento a la circular enviada el pasado jueves. En él, dijeron, se aclaraba que los no asegurados también figurarán en la base de datos puesta a disposición del facultativo que, de este modo, podrá acceder a su historial clínico y llevar a cabo el seguimiento de su enfermedad. "También nos han dicho que la medicación para infecciosos sí la dará el Salud directamente, pero no sabemos qué pasará con medicamentos caros, como la insulina, que no sabemos cómo podrán conseguirlos personas sin prescripción farmacéutica", declararon.
En parecida situación dijeron estar ayer algunos colectivos de inmigrantes, que hoy estrenan en sus propias carnes el decreto gubernamental. "¿Quiénes van a pagar?, ¿qué pasa con los medicamentos?" se preguntaba Soledad Villanueva, de la Asociación Latinoamericana de Aragón. "Aunque haya convenios bilaterales --apuntaba esta peruana, cuyo país tiene acuerdo con España-- la sanidad en Europa es más cara que allí".
El presidente de los marroquíes en Aragón, Mohadmmed Tamer, anunció que "seguiremos luchando para que esto cambie, porque --pronosticó-- van a extender la medida a toda la población". Desde la Asociación de Ecuatorianos, su presidente, Carlos Gómez, dijo que "hay preocupación por ver cómo responde en la práctica nuestro gobierno --con el que también existe convenio--".
Mientras, el Gobierno central advirtió ayer a las comunidades díscolas de que "tendrán que definir cómo van a sufragar" la asistencia sanitaria a los no asegurados "en su ámbito de competencia". El PP, por boca de su vicesecretario general, Esteban González Pons, apercibió a las autonomías que no cumplan su objetivo de déficit de que deben atenerse al "paquete básico".
