No solo algunos familiares de Pinilla y un puñado de empresarios aprovecharon su turno de última palabra. También lo hicieron los dos empleados municipales encartados, el secretario del ayuntamiento, Luis Ruiz, y el arquitecto, Francisco Núñez. Ambos coincidieron en que actuaron por el "bien común" y el "interés general".

"En todo esto yo jamás he perjudicado al ayuntamiento, siempre he actuado por el interés general y por los principios de mantener unos servicios adecuados", expuso Ruiz.

El arquitecto se extendió algo más en su alegato. "En mi trabajo en La Muela siempre he actuado con la voluntad y la conciencia de no llevar a cabo actos irresponsables o injustos, y no faltar a la verdad. En mi contacto con otras instituciones --le acusan de tráfico de influencias por supuestas presiones a la Comisión de Ordenación del Territorio-- he desarrollado labores de gestión, y siempre para hacer viables los proyectos. Siempre he tenido presentes los principios del bien común de los vecinos".

También el administrador de Nuevas Tecnologías del Agua (NTA), Antonio Fando, proclamó su inocencia, con un tinte más personal. "Soy inocente y lo seré siempre. He tenido que ver aquí cómo personas mentían a conciencia para beneficiarse con condenas menores", afeó. Pero lo que más remarcó fue "lo que este asunto ha supuesto para mí y mi familia, siete años de vida paralizada. No se me juzga por haberme enriquecido, no soy un ladrón ni un corrupto", defendió.

Algo similar a lo que expuso el empresario Emilio París Cester, acusado de haber pagado un peaje para ser adjudicatario de la obra de una pasarela sobre la A-2. Recordó que a raíz de este asunto la empresa se ha ido al traste, pero dedicó gran parte de su intervención a explicar un importante detalle: el proyecto que le adjudicaron --y que nunca se construyó, ni se le pagaron los gastos-- era un concurso de ideas, en el que también se valoraba el diseño. Por lo que no es sospechoso que eligieran su oferta pese a ser la más cara.