El exconsiliario de Acción Social Católica (ASC), entidad fundadora de CAI, Antonio Mas ha denunciado, a través de un informe remitido a la Diócesis de Zaragoza y fechado el pasado 3 de julio, la desaparición de la entidad. En un escrito de ocho páginas alude al hundimiento de la caja y reclama la intervención de la Fiscalía Anticorrupción "para conocer a los responsables de la debacle y para tener la seguridad de que nadie ha incurrido en delitos". Y añade: "Apoyaré decididamente a quienes mantengan su interés en conocer la verdad" a fin de determinar qué ocurrió en la caja, porque "los fundadores y trabajadores que han pasado por la CAI, muchos de ellos cristianos, lo merecen".

Este sacerdote de 66 años sostiene que la desaparición de la entidad "llevaba meses fraguándose sin que la junta de Acción Católica fuera mínimamente informada". Al respecto, pone en cuestión la operación de integración de Caja3 en el grupo Ibercaja, en lo que califica como "el suicidio de la CAI" y subraya que "no hay papeles que certifiquen la orden de Bruselas y del Banco de España". Así, una de las conclusiones del informe de Mas apunta que "la absorción bajo amenaza de nacionalización no viene de Bruselas", amparándose en la opinión de funcionarios y abogados cualificados de Bruselas y la de varios técnicos del Banco de España con los que él contactó.

El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, relata principalmente los acontecimientos que se produjeron entre el 4 de diciembre del 2012 y marzo del 2013, fecha en la que el representante del obispado en Acción Social Católica presentó su dimisión "irrevocable".

Este sacerdote relata que, tras tener conocimiento de todo ello, mantuvo una reunión con el presidente de la entidad fundadora, José Luis Escolá y (en privado) con el todavía presidente de CAI, Juan María Pemán, en la que le da a conocer las opiniones de estos expertos. Y ambos le trasladan que se trata de una "estrategia de negociación (de Carrasco) o una media verdad y que él lleva la negociación (Pemán)". La conclusión de Más es clara: "Habían mentido", destaca. Y se pregunta: "¿Los representantes de ASC no merecían conocer la verdad por parte de aquellos que fueron nombrados por ella?".

El punto de partida del escrito de Antonio Mas es la asamblea de CAI del 4 de diciembre del 2012, fecha en la que el exdirector general de CAI y entonces consejero delegado de Caja3, Luis Miguel Carrasco, informó a 17 miembros de ASC en la asamblea de la entidad de la operación de integración en Ibercaja. El exconsiliario acudió a la cita invitado por el presidente de la entidad fundadora, José Luis Escolá. Allí "se nos comunica que por orden de Bruselas y y bajo amenaza de nacionalización debemos ser absorbidos por Ibercaja antes de acabar diciembre, con un ERE que supondrá la salida de más de 500 trabajadores y el cierre de más de 100 oficinas".

Tras ello, en la junta de ASC del día 10 de diciembre, Mas presentó un escrito en el que solicitaba que se exigiera a Bruselas la confirmación de estos hechos "con la debida reglamentación escrita". Además, pidió a la junta de ASC que se hiciera un "examen de conciencia" para explicar cómo "una empresa solvente ha sido capaz de hundirse" en pocos años. "Ninguna de las dos cosas fueron atendidas", apunta.

EL ERE DEL 2012 En uno de los pasajes del informe Antonio Mas habla de la amenaza de nacionalización si no se firmaba el ERE antes del 20 de diciembre del 2012. Pero llegada esa fecha, sin el ERE firmado, no pasó nada. No hubo nacionalización. Por entonces, --detalla el exrepresentante de la Iglesia en ASC-- el agujero era 2.900 millones de euros, de los que 1.149 millones estaban cubiertos. También habla de los 400 millones que el FROB habilitó a Caja3 para su integración en el grupo Ibercaja.

Tras ello Más, según detalla el informe, mantuvo un encuentro con los sindicatos, en el que explica que ASC no había recibido ningún documento de Bruselas sobre una posible nacionalización. Además, añade que el fin de la CAI y de Caja3 "no se discute ni se habla jamás en una junta de Acción Social Católica", aunque "en ningún lugar de los Estatutos de ASC consta que las cuestiones de la CAI no pertenezcan al ámbito de decisión de la junta, menos aún cuando se trata de su desaparIción.

Como conclusión, Antonio Mas destaca que "la CAI ha desaparecido" tras estar valorada en un principio en un 25% de Ibercaja. Pero una vez absorbidos, la fundación tiene "menos del 5%" del nuevo grupo. Además, añade, que "algunos de los que estaban en la desaparición de la CAI vuelven a estar en su junta, empezando por su presidente, y en cargos de Ibercaja".