El juicio de la CAI llega hoy a su fin con la sensación de que una gran nebulosa se ha instalado en la memoria de la caja, principalmente en la gestión llevada a cabo por sus principales responsables. Dos años después de la integración definitiva del grupo Caja3 --CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz-- en Ibercaja, nadie apunta cuáles fueron las razones claras de la desaparición de una entidad centenaria. Ni siquiera se ha conseguido arrojar luz, por ahora, sobre si los viajes de placer con cargo a la caja y la rebaja en el precio de los pisos era una práctica habitual entre los directivos.
Ayer, varios de los testigos avalaron las tesis de los tres acusados, el exdirector general de la entidad Tomás García Montes, el director territorial en la zona de Madrid, Javier Alfaro, y el socio inmobiliario de CAI en Andalucía, Ramón Marrero, a los que se les imputan los delitos de administración desleal y apropiación indebida tras la querella presentada por la caja contra ellos en el 2012. Cada uno se enfrenta a una pena de cárcel de hasta 16 años.
Uno de los expresidentes de la CAI (del 2008 al 2020), Antonio Aznar, pasó ayer de puntillas por una de las etapas más convulsas de la entidad. A preguntas de la defensa, el exdirectivo achacó la salida de García Montes de la caja a que la relación con el personal era «insostenible». «Ese --dijo-- fue el aspecto negativo fundamental». Y poco más, porque aseguró que la labor del exdirector general «no presentaba irregularidades ni ocultación», al contrario de lo que refleja la querella de la CAI, presentada bajo el mandato de Juan Pemán, y que en el caso del viaje a Egipto (11 personas por 195.000 euros), el descuento en dos pisos y el acuerdo para la reestructuración de los negocios de Ramón Marrero, supuso un quebranto a la entidad de unos 13 millones. «No recuerdo ese acuerdo marco», dijo Aznar. El día anterior, Juan Pemán, a preguntas de la Fiscalía, afirmó que el grupo de Marrero «era un desconocido en el consejo».
RUEDA DE TESTIGOS
La Audiencia Provincial acogió ayer la segunda jornada del juicio en el que la defensa decidió prescindir de muchos de los testigos que podían arrojar algo de luz. Entre ellos, el exdirector general Luis Calvera, que según los testimonios del día anterior fue quien dio vía libre a la rebaja en los pisos --él mismo adquirió uno en Estepona--. Tampoco comparecieron el exdirector general Luis Miguel Carrasco ni Juan Antonio García Toledo, amplio conocedor de los entresijos de la caja y que llegó a ser subdirector general. Ni Juan Antonio Rovira, director de contabilidad y control de la gestión. Mientras, la acusación mantenía la tibieza del día anterior.
Aznar también negó que García Montes gestionase la caja a espaldas del consejo y varios de los testigos avalaron las tesis de los acusados. Es decir, los viajes eran una «práctica habitual» en la entidad y los pisos se ofrecieron con descuentos a los directivos y al menos cinco de ellos compraron apartamentos en el 2007 con precios del 2003. Así lo afirmaron el director territorial de oficinas dela CAI en Cádiz, Raimundo García Figueras, el consejero de Arcai y CAI Inmuebles, Eusebio Cezón y el también consejero José Luis Paesa. El juicio quedará visto para sentencia hoy.
