En diciembre del año 2009, cuando más arreciaba la tormenta financiera por la crisis inmobiliaria y económica, la cúpula de la CAI --con Antonio Aznar al frente-- solicitó un informe interno para dirimir si la gestión del exdirector general de la entidad Tomás García Montes iba en la dirección correcta o no. El informe se elaboró después de que el responsable del departamento de Administración y Control del Riesgo de la CAI y que también fue miembro del comité de dirección, Carlos Montón, alertase sobre la situación de la caja.
El estudio, elaborado por el director de auditoría interna, Miguel Pradel, el de contabilidad y control de gestión, Juan Rovira, y el responsable de cumplimiento normativo, Agustín García Inda, concluyó que no existe «anomalía alguna ni falta de información relevante u ocultación de datos al consejo de administración y a sus comités ejecutivos». Además, se señala que «no se han evitado ni se han impedido los procedimientos internos ni externos de control, habiéndose producido un importante desarrollo de la formalización de algunos procesos de decisiones y los sistemas de control de riesgo en los últimos cuatro años».
El informe, que fue presentado en el juicio que concluye hoy como prueba de la defensa, también recoge una advertencia realizada por el Banco de España en la que se señala que la CAI prestó cartas de conformidad (confort letter) por 64,9 millones de euros ante otras entidades de crédito en garantía de la financiación recibida por sus participadas, sin que esos compromisos hubieran sido registrados contablemente. Una de esas cartas a favor de Unicaja se eleva a 29,2 millones. H
