La trama de corrupción urbanística que ha comportado la imputación del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, se centraba, según la Fiscalía Anticorrupción, "en la exigencia de constituir, como condición 'sine quan non' para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 120.000 euros".Los delitos en los que podrían haber incurrido los integrantes de la trama son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental e infidelidad en la custodia de documentos. Anticorrupción también apunta presuntas negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.
Un 3% en dinero negro
Esa cantidad inicial de 12.000 euros podía "variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar", según las mismas fuentes, e inicialmente se destinaba "a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos". Había, además, un "pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro", una vez acabada la obra, "sobre el total del presupuesto final". Ese dinero negro, añade la fiscalía, "terminaba en un despacho de abogados".
En el actual estado de la investigación, se desconoce si ese dinero era colocado en cuentas legales, si se repartía y si se blanqueaba o no.
