Un dictamen de la Abogacía General de la Unión Europea --el equivalente de la Fiscalía comunitaria-- ha abierto la puerta a la paralización en España de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria por impago de cuotas, una situación que afecta a miles de familias en Aragón.

La abogada general, Juliane Kokott, estima que la legislación hipotecaria española vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza la protección de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. En este sentido, la considera "incompatible" con la directiva 93/13, sobre ese tipo de contenidos de los contratos de consumo, "pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

El informe señala que el ejecutado por no pagar una hipoteca con cláusulas abusivas sufre una situación de indefensión al verse obligado a soportar la "subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios" contra el banco. Así, Kokott puntualiza que la normativa europea exige que el consumidor pueda acogerse a "un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".

INDICIOS El informe de la Abogacía General se enmarca en el pleito abierto ante el Tribunal de Justicia de la UE a raíz de una consulta de legalidad planteada por el titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, Antonio Fernández Seijo. El magistrado vio indicios de que un asunto que cayó en su oficina podía vulnerar la normativa europea, ya que el propietario de una vivienda no podía paralizar la ejecución de su hipoteca --y su posterior desalojo-- antes de que fuera resuelta su reclamación sobre la existencia de una posible cláusula abusiva en el contrato de préstamo, condición susceptible de determinar la nulidad del crédito y, por lo tanto, de sus consecuencias.

Fuentes judiciales explicaron que la existencia del pleito comunitario abre la puerta a que los magistrados de Primera Instancia y de las audiencias provinciales puedan paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria en trámite hasta que sea resuelto el litigio y plantear, a su vez, nuevas cuestiones de legalidad al Tribunal de Justicia de la UE.

La dirección del Foro Judicial Independiente, con amplia representación en Aragón, acordó ayer por mayoría recomendar a sus magistrados con competencias en materia hipotecaria que suspendan los procedimientos de ejecución, según explicó Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza y presidente de esta asociación judicial.

Los juzgados aragoneses han tramitado en los últimos cinco años y medio, desde enero del 2007 un total de 14.032 procedimientos para echar a gente de sus casas: 9.177 eran ejecuciones hipotecarias instadas por los bancos y cajas de ahorro y 4.855 iniciados por propietarios de viviendas y locales cuyos inquilinos no pagaban el alquiler. De ellos se han derivado 6.258 lanzamientos, lo que indica que quedan más de 6.000 por ejecutar; dos tercios, por hipotecas.

Por otro lado, un manifiesto aprobado ayer por la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía llama a reformar inmediatamente la ley para superar el "cúmulo de errores y omisiones, abusos o fraudes" sucedido en una materia "tan sensible" para los derechos fundamentales como los desahucios.

Emplaza también a fortalecer los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones.