La economía aragonesa atraviesa en estos primeros meses del 2013 la fase más dura de esta crisis que ya dura más de un lustro: nunca la insolvencia y la conflictividad laboral habían alcanzado los niveles actuales, según revelan los datos del sistema de gestión de los juzgados de la comunidad facilitados por la coordinadora provincial de los secretarios judiciales de Zaragoza, María Ángeles Júlvez.
La jurisdicción civil, que dirime los litigios de carácter económico, ha experimentado en el primer trimestre del año un descenso de asuntos motivado en parte por los efectos disuasorios de las tasas judiciales, que obligan a particulares y empresas a pagar un peaje para defender sus derechos. Sin embargo, ese descenso de la litigiosidad convive con un incremento de algunos capítulos como los concursos de acreedores.
Entre enero y marzo se han declarado insolventes 87 empresas aragonesas, lo que supone un ritmo de casi una diaria que pulveriza los registros de los dos años anteriores: 184 en el 2011 y 274 en el 2012. De hecho, si se mantiene el ritmo, los 350 concursos de este año casi duplicarían la cifra registrada hace dos años.
CONTAMINACIÓN El 98% de las empresas que entran en concurso terminan liquidadas, lo que tiene un triple efecto negativo en las familias --pérdida de empleo y deudas salariales--, las arcas públicas --impuestos y cotizaciones impagadas-- y la actividad económica en general, al contaminar la insolvencia a otras empresas todavía sanas.
Una de las consecuencias de esa generalización de la insolvencia es el drama de los desahucios: 410 familias --nueve cada dos días-- se han quedado sin techo en el primer trimestre del 2013 por el impago del alquiler. Serán más de 1.600 al cabo del año, en un problema social que, desde hace algo más de un año, ya supera cuantitativamente al de las ejecuciones hipotecarias.
Paralelamente, otro tipo de litigios como los monitorios, en los que empresas y particulares se reclaman deudas impagadas de hasta 150.000 euros, se ha desplomado en los primeros meses de este año después de varios ejercicios consecutivos de ascenso. Fuentes judiciales lo achacan a los claros síntomas de parálisis por inanición que ofrece el sistema económico.
La cifra de monitorios registrada por los juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de todo Aragón a lo largo de los tres primeros meses de este fue de 3.150, un ritmo que, de mantenerse, haría que a final de año el número de estas demandas presentadas en la comunidad terminaría situándose en el entorno de los 12.600.
DEUDAS Ese volumen supondría un descenso del 26,4% con respecto a los 17.105 monitorios registrados en la comunidad el año pasado y constituye un claro síntoma de las penurias que atraviesan tanto el sistema económico como la sociedad aragoneses. La reducción es menos acusada, no obstante, que la que se da en el global del Estado, donde los 32.200 litigios registrados suponen un descenso del 33,4% con respecto a los 193.300 del año pasado.
Esas cifras revelan una tendencia llamativa: Aragón, cuya población supone alrededor del 3% de la española, generan casi uno de cada diez pleitos por deudas entre particulares y entre empresas de todo el país.
La reducción de la litigiosidad en la jurisdicción civil tiene en Aragón otra excepción en los asuntos de Familia: crecen como consecuencia de las peticiones de custodia compartida para eludir el pago de pensiones de manutención.
LABORAL La conflictividad laboral alcanza en Aragón, por la combinación de los efectos de la crisis con la aplicación de la reforma laboral, cifras desconocidas hasta ahora.
Las 3.809 demandas registradas en tres meses marcan una progresión que, de mantenerse, haría que los nueve juzgados de lo Social cerraran el año con unos 15.200 asuntos registrados, cifra que supera los dramáticos 14.811 del 2012 y pulveriza los 9.995 del ejercicio anterior. Más de un tercio, por despidos.
