Laura es una joven de 28 años, originaria de Portugal, de padres caboverdianos, que lleva casi un año percibiendo la ayuda del Ingreso Aragonés de Inclusión. "Con lo que recibo voy muy justa, pero peor sería no cobrar nada", reconoce. La situación en la que le ha colocado tener un pequeño trabajo de tres horas diarias es paradójica. Antes recibía 560 euros mensuales que se han visto reducidos a 220, aunque su sueldo no sea fijo cada mes ni suela superar los 200 euros. "Mi esperanza es poder trabajar cada mes unas pocas horas más", indica.

Laura vive en Zaragoza en un piso de alquiler por el que paga 350 euros al mes. Y eso sin contar gastos de calefacción, teléfono y escalera. Además tiene dos hijos de dos y cinco años, con gastos de guardería y escolarización. A pesar de las estrecheces con las que tiene que lidiar en su día a día, su situación actual es sostenible. Sobre todo cuando recuerda los meses previos a lograr el salario social. "La tramitación de la ayuda ha sido muy larga, de más de siete meses", lamenta.

La joven espera que las negociaciones de los presupuestos permitan cambios sensibles en su situación, hasta ahora demasiado ajustada y dependiente de los servicios sociales. Durante estos meses en los que ha recibido la ayuda para la integración también ha participado en cursos de formación organizados por Cáritas, siempre con la complicación de conciliar la atención de sus dos pequeños. El padre se encuentra en Portugal y están en pleno proceso de separación. "Aquellos meses de no saber lo que pasaba fueron muy duros", reconoce.

En los próximos meses espera lograr más horas de trabajo. Ahora se dedica a echar una mano en un hogar realizando las compras y limpiando. "Espero que las cosas mejoren, solo con las ayudas es muy difícil salir adelante: lo que recibimos es muy limitado", asume.