Aragón defendió ayer en Cuenca, donde se reúnen representantes de comunidades poco pobladas, que es necesaria una estrategia nacional contra la pérdida de habitantes. La delegación aragonesa pidió una normativa en la que se establezca una discriminación positiva a favor de las regiones despobladas, con criterios que tengan en cuenta el coste real de los servicios.
Esta fue la línea argumental defendida por el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, en el Foro de regiones con desafíos demográficos (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Extremadura. Galicia, La Rioja y Castilla-La Mancha). A la reunión asistió también el consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, además de otros miembros de ambos departamentos.
El consejero Guillén manifestó que para frenar la despoblación deben darse pasos en la integración de cuantos estamentos y agentes sociales quieran integrarse. Abogó también por la creación de un grupo de presión que defienda estos intereses a nivel europeo ya que hay otras regiones del continente que también lo padecen.
Las comunidades autónomas presentes en la reunión en Cuenca aprobaron un documento en el que consideran el grave problema demográfico y el gran reto con el que se encuentran las regiones españolas que lo firmaron, debido, entre otras razones, a un crecimiento natural negativo, derivado de una menor tasa de natalidad, unido a la disminución del número de jóvenes y a un acusado proceso de envejecimiento.
El documento advierte de los efectos del cambio demográfico desde los puntos de vista económico, social y ambiental en lo relativo a su incidencia en los sistemas de salud, pensiones y servicios sociales de atención a las personas dependientes.
