"Un ayuntamiento no puede prohibir instalaciones de interés general": La comisión sobre las renovables en las Cortes de Aragón toca a su fin

La comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón, en la que se ha indagado sobre el papel que jugó el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), ha tocado este viernes a su fin en las Cortes. Por ella han pasado, en los últimos tres meses, hasta 42 comparecientes, todos ellos con relación directa o indirecta en las tramitaciones, debido a sus funciones como cargos públicos, expertos y técnicos en la materia o por ser miembros de algún tipo de organización medioambiental interesada. El letrado de la DGA, Xavier de Pedro, y el director general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carmelo Bosque, han sido los dos últimos participantes.

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La intervención con más rifirrafes de este viernes ha sido la primera, la de un De Pedro que, en junio de 2021, emitió un informe en el que sostenía que las comunidades autónomas y el Estado tenían las competencias a la hora de aprobar instalaciones de interés general, más allá de las posibles regulaciones de los planes urbanísticos elaborados por las entidades locales. De hecho, el letrado no hizo apenas uso de su intervención inicial y se remitió a dicho documento, lo cual le ha costado la reprobación de varios de los grupos políticos, especialmente del representante del PAR, Alberto Izquierdo.

Cabe recordar que De Pedro es afiliado del partido, aunque actualmente preside el Consejo Consultivo de Aragón dentro de la cuota de poder que le corresponde a Aragoneses, la escisión de Elena Allué que concurrió a las autonómicas con el PP, y todavía mantiene un litigo con el PAR que impide la repetición del congreso del partido. Así, Izquierdo ha ironizado con el hecho de que no podía "agradecerle una exposición que, a diferencia del resto de comparecientes, no ha hecho". Una cuestión que, además, ha repetido cuando ha hablado Bosque, al que sí ha "agradecido" sus explicaciones.

"No tuvimos tanta suerte con el compareciente anterior", ha añadido. Juan Francisco Vidal, de Vox, ha aprovechado para ahondar en la llaga y ha asegurado que, desde su partido, estaban "perplejos" ante esta comparecencia: "No entendíamos por qué se le había convocado (a De Pedro), pensábamos que querían trasladar sus disputas internas a esta comisión".

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Más allá de reproches políticos, el letrado de la DGA ha aseverado que dicho informe, elaborado cuando el PAR formaba parte del cuatripartito liderado por Lambán, fue realizado "con la imparcialidad propia de un funcionario". Asimismo, De Pedro ha reincidido en que, cuando se habla de tramitar "infraestructuras de interés general que se superponen al interés municipal, el ayuntamiento no puede prohibirlas".

Carmelo Bosque, último compareciente

Menos contundente ha sido en su exposición Carmelo Bosque, director general de Urbanismo de la DGA. Bosque ha defendido que los ayuntamientos tienen "plenas competencias para regular sus suelos y establecer, limitar o prohibir actividades en ellos, sean urbanos, urbanizables o no urbanizables". Aunque, esó sí, ha matizado que para ello es óbice hacerlo en base a "su plan general y en un plazo de dos años". "Si no disponen de él, hay que recurrir a la normativa a nivel provincial", ha añadido el director general.

Por otro lado, en cuanto a la retroactividad de los ayuntamientos para impedir la instalación, en este caso, de infraestructuras de energía renovable en su territorio, Bosque ha explicado que los municipios "pueden denegar una licencia aún siendo autorizable en el momento de su planeamiento, pero hay que indemnizar los prejuicios causados a la empresa". Por último, el director general de Urbanismo ha reconocido que una planificación energética global "hubiese sido de gran utilidad".

Ahora, tras el fin de las más de 40 comparecencias, los diferentes grupos políticos deberán iniciar las reuniones parlamentarias para definir las conclusiones de esta comisión de investigación, que fue aprobada el pasado mes de noviembre en pleno a petición de PP y Vox con la abstención del PSOE y el voto favorable del resto de grupos.