Los ocho imputados por la carga policial ocurrida en Artieda durante una concentración en octubre del 2012 contra las expropiaciones para el recrecimiento del embalse de Yesa, en su mayoría jóvenes, temen un proceso judicial que pueda truncar sus vidas profesionalmente.
Así lo ha señalado a Efe Arriel Domínguez, acusado junto a Oscar Ara, Sergio Palacín, Chesús María Royo, Miguel Palacín, Jorge Luis, Álex Ubieto y Javier López de resistencia a la autoridad, atentado y lesiones a los agentes que intervinieron de entre leves y graves.
Por estos hechos fiscal y acusación particular les piden penas que van desde los dos hasta los seis años y medio de prisión y multas que suman más de 22.000 euros.
Dos semanas después de los sucesos los imputados también presentaron denuncia por las lesiones sufridas durante la carga que no fueron admitidas por el juez que consideró que "los manifestantes se habían comportado de manera extraordinariamente agresiva", según Domínguez.
Por ello, este imputado confía en que el material audiovisual recopilado por los hechos sirva para que "se acabe el despropósito" y los afectados, a quienes defienden los abogados Gema Garreta y José Luis Lafarga, sean absueltos.
Los imputados confiaban en el archivo de la causa pero se han encontrado con la continuidad del proceso y la "sorpresa" por las elevadas penas que les solicitan, que podrían truncar proyectos de vida, como el caso de uno de los jóvenes que se encuentra preparando oposiciones de Magisterio.
