CCOO reclama la apertura de un foro de negociación "posibilista" con el Gobierno de Aragón para que se pueda desarrollar la normativa del personal que trabaja en la atención a la dependencia y se adecúen las ratios a la carga de trabajo y a las distintas categorías y turnos.

Para ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón ha organizado para mañana, jueves, la jornada titulada "Dependencia, un sector en movimiento", que pretende analizar y profundizar en dos de los problemas que tienen las trabajadoras de atención a la dependencia como son su propia salud laboral y las ratios.

En la jornada, que se celebrará en el Centro de Historias y que será inaugurada por el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, participarán representantes del Gobierno de Aragón, inspección de trabajo y salud laboral en las dos mesas redondas programadas.

Esta iniciativa se suma a la campaña de visibilización de este problema que ha desarrollado CCOO, sindicato que incide en la necesidad de que sirva para abrir un foro de negociación "sin apriorismos" y del que salgan "compromisos firmes en esta legislatura", según ha explicado en rueda de prensa el secretario general de la federación, Juan Urdaniz.

Junto a él, Montse Gómez, responsable en los sectores privados de la federación, ha explicado los problemas existentes en el sector de la atención a la dependencia debido a la carga de trabajo y a la falta de personal, unas carencias que conllevan problemas de salud para las trabajadoras y que no se recogen en la negociación de los convenios.

Gómez ha resaltado que existen residencias privadas, en las que la ratio es de 30 personas por 100 dependientes según las cifras de 1992, las que tienen plazas concertadas con el IASS y las propias del IASS, en las que las ratios son de 28 gerocultores por cada 100 dependientes o de 45 personas de todo tipo de trabajo según la orden que las regula desde 2009.

Además, la falta de personal conlleva menor atención para los pacientes y, por tanto, un peor servicio en un sector en el que la mayoría del personal laboral es femenino, que recoge 1.792 horas de trabajo anuales y un sueldo bruto de 960 euros mensuales para los gerocultores.

Desde que se aprobó la Ley de la Dependencia y se articuló el Sistema de Atención a la Dependencia se establecieron unas condiciones y ratios mínimas a nivel estatal que las comunidades autónomas debían de regular con normativas propias. En Aragón desde 2012 no se ha negociado y se aplican las ratios de 1992 y 1998.

En opinión de Urdaniz, el desarrollo de esta normativa supondrá una mayor inversión y mayor dotación económica ya que en Aragón existen unas 21.000 plazas residentes de dependientes (18.000 en residencias y 3.089 en centros de día) en un sector con 9.000 trabajadores.

El 40 % de las residencias de la comunidad son mercantiles, el 28 % sociales, el 20 % pertenecen a corporaciones locales o comarcales y sólo el 11 % de las plazas residentes en Aragón son del IASS, ha indicado Urdaniz.

Por ello ha incidido en que quieren "compromisos firmes" para lograr un desarrollo normativo que diferencie entre categorías profesionales y turnos de trabajo y en el que acabe con las ratios globales para poder acabar también con los problemas de salud que muchas de las trabajadoras del sector, que se ven afectadas por dolores cervicales y lumbares por los sobresfuerzos.

El sindicato inició hace tres semanas una campaña audiovisual para dar visibilidad a este problema "invisible" y el vídeo ha llegado a 340.000 personas y ha logrado ya 106.000 visualizaciones en todo el país, lo que corrobora, según Urdaniz, su teoría y la necesidad de abrir un foro "sin mesas ni comisiones de expertos" que concluya con compromisos firmes y con una nueva regulación "más precisa".

Por otro lado, UGT ha realizado una concentración a las puertas del Edificio Pignatelli de Zaragoza de delegados de residencias de mayores y centros de día para exigir a la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales que modifique la normativa que regula las ratios de personal a la mayor brevedad.

La secretaria de sector de Servicios Sociales y Servicios a la Comunidad de UGT, Angélica Mazo, ha manifestado que reivindican el cambio de una normativa que data "de 1992, que está obsoleta y es ambigua".

Esta situación conduce a que no se diferencia por categorías a los trabajadores e implica "precariedad laboral en los centros" así como "prácticas abusivas" por parte de las empresas, en un sector con unos 8.000 trabajadores y 500 empresas.

Por ello han recordado que no se han producido movimientos reales por parte de la administración tras más de un año de negociación y que no puede "ser cómplice de esta situación", por lo que le demandan que determine las categorías y los ratios, y ha puesto como ejemplo centros en los que "con más de cien abuelos solo hay para atenderlos una persona por la noche".