Tres familias se instalaron a comienzos del verano en varios solares situados en la avenida Movera de este barrio zaragozano. El viernes pasado, tras la petición, por parte de la empresa propietaria de los terrenos, de que los abandonasen, dos de estas familias desocuparon las fincas y se marcharon a otro lugar. Sin embargo, todavía cuatro personas malviven en uno de los edificios.

Esta situación la denunció ayer el grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) que reclamó una solución urgente ante el problema de exclusión social que se plantea. "Ahora estas dos familias se han marchado, pero es que se habrán tenido que ir a otro sitio donde igualmente viven en condiciones infrahumanas", criticó Carmelo Asensio, concejal aragonesista, tras la Comisión Ordinaria de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza.

NÓMADAS Ambos grupos estaban viviendo en sendas naves de la avenida Cataluña, hasta que en el mes de julio se desplazaron a Movera. Por este motivo, la principal dificultad que quiere afrontar CHA es la búsqueda de una "ayuda global", para evitar que estas familias sigan deambulando. "Hay que plantear una inserción socio laboral, una escolarización para los menores y el realojamiento en viviendas sociales para estas personas", indicó Asensio. Una acción similar se llevó a cabo con 30 familias que junto a fundaciones como la de Federico Ozanam realizaron un proceso completo de inclusión social. "La solución no está en meter a estas familias en una vivienda y listo, sino que hay que realizar un seguimiento porque tienen muchos problemas para introducirse en la vida en sociedad", recalcó Asensio.

Durante septiembre y octubre, el grupo municipal recibió diversas quejas de algunas personas del vecindario. "Son familias olvidadas que cuando llegan a un sitio y molestan al resto se lanza la voz de alarma", se resignó Asensio. Esto sucedió hace un mes, cuando las asociaciones vecinales de Santa Isabel y Movera, junto con el Ampa de un centro de enseñanza cercano a los asentamientos y el alcalde de Movera, Ismael Abadía, mantuvieron una reunión para tratar las diferentes quejas que se habían tramitado.

Respecto a la última familia que todavía queda viviendo en una de las fincas, la junta de compensación de los propietarios procedió el 14 de noviembre a interponer la denuncia para que sean desalojados, ya que tienen una orden para derrumbar el edificio, confirmó el secretario de este grupo, Fernando Fernández.