La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha anunciado que si el Gobierno autonómico no retira el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) podría acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para denunciar el cobro de este tributo por el que ya se han presentado más de 7.000 reclamaciones de los ciudadanos.

"Si no se corrige el procedimiento desde el punto de vista político, y estamos a tiempo de hacerlo, acabará en los tribunales, que obligarán al Gobierno de Aragón a devolver el dinero porque los argumentos son sólidos", ha indicado el secretario general de UCA, José Ángel Oliván, en una rueda de prensa.

Oliván ha calificado este impuesto como un "despropósito" porque implica que los aragoneses paguen "mucho más por la depuración de lo que deberían" y ha denunciado que es el resultado de la "mala gestión" del plan de depuración de aguas que ha arrastrado una deuda de 3.000 millones de euros.

Desde la UCA temen que el importe del impuesto que han empezado a pagar los zaragozanos, que cuenta con un descuento del 60 % en 2017, pueda aumentar en el futuro hasta rondar los 200 euros al año si se eliminan las subvenciones.

"Podríamos encontrarnos con que, en un momento determinado, el gobierno de dentro de dos legislaturas decidiera que esa subvención se termina y hay que pagar el 100 %", ha indicado la presidenta de la UCA, Fernanda Blanco, en esa misma rueda de prensa.

Por esa razón, desde la UCA han propuesto que el impuesto se transforme en una tasa o precio público para que su coste se ajuste a las necesidades reales del servicio y no esté prefijado de antemano.

Para ello, Blanco ha reclamado una "solución de consenso" en la que participe "un espectro político más amplio" de todas las administraciones aragonesas, en vez de únicamente "dos partidos políticos".

Los dos dirigentes de UCA han señalado tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza como responsables de esta situación que ha motivado a los vecinos de la capital aragonesa a realizar las reclamaciones.

Precisamente, Oliván ha asegurado que Zaragoza en Común podría "haber hecho más" para impedir el cobro de este tributo, pero que trataron de utilizarlo "como una baza más en la negociación presupuestaria con el Gobierno de Aragón".

Además, tras el tuit del concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Pablo Híjar en el que rompía su recibo del ICA, la Unión de Consumidores ha querido dejar claro que ellos no ven con buenos ojos una "insumisión fiscal".

"Hemos procedido con el pago del impuesto pero por supuesto que lo vamos a recurrir", ha añadido la presidenta Blanco sobre el recibo que ha llegado a la propia sede de la Unión de Consumidores de Aragón.

Con esta postura coinciden otras asociaciones como la Unión Vecinal Cesaragusta, que ha rechazado en una nota de prensa "la desobediencia" pero ha instado Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza a que "se sienten a dialogar".

"Si se produce una cesión por las dos partes creemos que se puede avanzar hacia un acuerdo en beneficio de los intereses de los zaragozanos", ha manifestado en la nota el presidente de la Unión, José Luis Rivas.