La jueza que instruye la operación Enredadera, Mercedes Alaya, tomó ayer declaración en Sevilla al jefe del Área de Mantenimiento de Adif en Zaragoza, José Antonio García, y su técnico de vía y obras --ya jubilado--, Miguel Ángel Muñoz Tejero.
Ambos están imputados por el delito de cohecho, ya que resaltan en la investigación por, supuestamente, cobrar unos sobornos de 109.000 euros de la empresa Fitonovo para "facilitarle la adjudicación y ejecución de los contratos a esta firma especializada en el sector de la jardinería", según un auto que adelantó este diario.
Las preguntas giraron, según fuentes consultadas, en torno a las invitaciones a fiestas, comidas o los regalos que recibieron, por ejemplo, en forma de pastillas de Viagra por valor de 500 euros. Un dato que maneja la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de que el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, así se lo admitiera en una declaración.
MORDIDAS
El que menos supuestas mordidas recibió, a tenor de las pesquisas, fue Miguel Ángel Muñoz Tejero, quien mantuvo la misma versión que ante la Guardia Civil, que él no pudo recibir nada a cambio de nada porque "era un simple técnico".
Sin embargo, según fuentes ferroviarias consultadas por este diario, el poder de estos empleados sería mucho más relevante debido a que tenían más valor sus informes técnicos en la adjudicación de obras que los económicos realizados por las mesas de contratación. En Aragón, Fitonovo fue contratada para realizar operaciones herbicidas a lo largo de las vías regionales, así como en sus ramales con Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León.
La jueza no ha cambiado la medida cautelar que pesa contra el aún trabajador de Adif en Zaragoza, por lo que no se le suspenderá de empleo y sueldo, tal y como advirtieron desde Adif si era enviado a prisión.
Sin embargo, el gestor ferroviario tendrá que rebajarle en la categoría profesional y a cargos de escasa o nula responsabilidad y acceso a información de la empresa pública.
De los 32 arrestados, los únicos enviados a prisión --eludible bajo fianza-- fueron un alto cargo del gestor ferroviario y el director de carreteras de Sevilla.
