La Policía ha desmantelado una presunta red de falsificadores de permisos de trabajo, de hasta 61 componentes --58 de ellos falsos trabajadores--, que conseguía regularizar la situación de los inmigrantes irregulares, la mayoría paquistaníes, y pedir con ello subsidios estatales. Los investigadores consideran que de no haber detectado la trama a tiempo podría haber causado un perjuicio a las arcas públicas cercano a los tres millones de euros (295.000), con hasta 50.000 euros de ayuda por trabajador. El Juzgado de Caspe, donde se localizaban los tres presuntos cabecillas de la trama, instruye las diligencias.
La investigación comenzó tras detectarse casos extraños en los contratos de trabajo de la localidad. El más llamativo fue el de un pequeña tienda de comestibles en la que habían inscrito como trabajadores hasta a 30 personas, en Caspe.
Con el avance de la investigación descubrieron que las irregularidades se centraban en dos empresas de la localidad zaragozana --el citado ultramarinos y un locutorio-- y otras dos de Barcelona, que podrían estar facilitando certificados de empresa para el cobro fraudulento de prestaciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), y para conseguir o renovar el permiso de residencia en el caso de los que no lo tenían.
En algunos casos, las empresas declaraban como lugares de la actividad locales sin actividad, incluso abandonados y visiblemente deteriorados.
Finalmente, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía localizó a los dos empresarios propietarios de los cuatro locales, de nacionalidad paquistaní, que supuestamente amparaban con sus comercios la regularización de compatriotas y trabajadores marroquíes. Y al gestor administrativo, español, que presuntamente se encargaba de tramitar las altas en el sistema RED de la Seguridad Social.
Junto con los falsos trabajadores, la operación Halal se saldó con 31 detenciones y 30 imputaciones por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La operación se ha estado desarrollando en las últimas semanas, y han hallado implicados en Caspe, Barcelona, Reus y Tortosa.
