La pelota del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid sigue botando entre los tejados de la antigua empresa concesionaria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA, sin que nadie aclare a quién corresponde pagar los 30 millones --aproximadamente-- que costaría la operación. De hecho las tres entidades parecen responsabilizar, a las otras dos.

Mientras, la instalación sigue siendo víctima de los saqueos y las descargas ilegales de basura. Ante esta situación, denunciada ayer por EL PERIÓDICO, la empresa FCC, cuya concesión expiró hace dos años --cuando se clausuró--, aclaró que su responsabilidad acabó con su gestión. Fuentes de la empresa indicaron que en su momento dejaron el recinto acondicionado, con el terreno aplanado y la zona vallada, pero que el abandono al que lo han expuesto las instituciones ha propiciado la situación actual.

Además, indicaron que dado que ya no están vinculados a la gestión del recinto, la responsabilidad, o al menos parte de ella, correspondería a los actuales dueños del terreno, que es de propiedad privada.

EL CONSISTORIO Desde el área de Servicios Públicos del ayuntamiento aceptaban que la responsabilidad del sellado no corresponde a FCC, ya que no estaba estipulado en los pliegos del contrato. Pero también dejaban traslucir que esto era una interpretación excesivamente literal del documento, ya que las condiciones de gestión de residuos han cambiado mucho desde que se adjudicó el servicio --el vertedero abrió en 1987--, y las preocupaciones medioambientales de la actualidad deberían tenerse en cuenta.

Aparte del espíritu de la norma, indicaban que si bien el sellado "incumbe a dos administraciones (DGA y ayuntamiento)", la empresa debería cuando menos hacerse cargo de la vigilancia del recinto, que impediría los problemas actuales de pillaje, mientras se llega a un acuerdo de financiación para el sellado. Entre otras justificaciones aludían a una resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que conminaba a FCC a gestionar el mantenimiento del recinto hasta su sellado y definitiva clausura.

REUNIONES En cuanto al pago de las obras de sellado del recinto, lo único que parece quedar claro es que actualmente no hay dinero para acometerlas. Fuentes del consistorio aseguraban que es un tema que "ocupa y preocupa", y es tratado con frecuencia en las reuniones bilaterales con la DGA.

Pero más allá de la necesidad de acuerdos, la responsabilidad directa parece difícil de aclarar. La DGA envió el pasado viernes un requerimiento a la empresa y el consistorio para que se hagan cargo de las labores de vigilancia. Pero en cuanto al sellado, niegan que la competencia sea suya. "La gestión de residuos municipales es competencia de los ayuntamientos en todo Aragón, no solo en Zaragoza", indicaban fuentes de Medio Ambiente.

"Puede que en algún caso, en el que hubiera fondos europeos disponibles, se haya ayudado a algún municipio, pero se trata de algo puntualísimo", remarcaban. "Normalmente los sellados se llevan a cabo con fondos de cohesión comarcales", explicaban.

Ahí parece entrar en juego la situación especial de Zaragoza, ya que como indicaban desde las distintas fuentes consultadas, es "un tema complejo donde entran en juego muchos factores, como la Ley de Capitalidad". Mientras, la situación del vertedero sigue empeorando desde que se dio por clausurado en mayo del 2009, tras 22 años de acumular los residuos de Zaragoza.