El proyecto de trasvase del Segre a Barcelona ha conseguido lo que no logró el del Ebro a todo el arco mediterráneo: hacer que los regantes de a cuenca se unieran para oponerse a él. La asamblea de la Federación de Regantes de la Cuenca del Ebro acordó ayer recurrir a "todos los medios legítimos a su alcance" para tratar de impedirlo "en defensa de los intereses" de los usuarios del agua en el territorio del Ebro.
La entidad señaló en un comunicado que la sequía les ha obligado a llegar al "extremo de tener que prorratear el agua sin poder garantizar la viabilidad de las cosechas, muy particularmente en el delta del Ebro, al que ni siquiera se le va a poder suministrar el caudal ecológico". "Un trasvase desde la cabecera afecta a todo el curso del río" y "provoca perjuicios en toda la cuenca cedente", añade el colectivo, que "se opone expresamente" a su ejecución "y a cualquier otra extracción de agua de la cuenca en favor de otras cuencas".
Los regantes, que pedirán entrevistas para tratar el tema con los secretarios generales de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura --Antonio Serrano y Josep Puxeu--, recuerdan que, pese a que el proyecto de transferencia de recursos está siendo impulsado por la Generalitat, "cualquier transferencia de caudales entre diferentes cuencas hidrológicas es competencia estatal". "Esperamos que se nos garanticen los caudales concesionales para nuestros cultivos y demás usos y no cejaremos en su justa defensa", añade la federación.
Los planes de la Generalitat, que ayer aplazó al menos hasta dentro de dos semanas la declaración de emergencia por escasez de agua en su comunidad, ha provocado una tormenta con el proyecto del trasvase, al que el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, denomina eufemísticamente como "captación temporal de recursos".
La iniciativa consiste en extraer hasta 1.500 litros por segundo de la cabecera del Segre --a la altura de Prats y Sansor, en el Pirineo-- y conducirlos hasta el río Gréixer por una galería auxiliar del túnel del Cadí. Desde allí llegarían a Barcelona a través de la cuenca del Llobregat. La infraestructura tiene un presupuesto de 20 millones de euros, y Baltasar insiste en que no funcionaría por un periodo superior a los ocho meses.
La propuesta de la Generalitat provocó el martes una respuesta unánime del Gobierno de Aragón y de los cinco partidos con representación en las Cortes. Tanto la DGA como la Cámara autonómica están obligados a combatir cualquier intento de trasvase al haberse incluido ese mandato como precepto en el Estatuto.
