La Fiscalía pedirá para los cuatro imputados en el caso pagarés de Plaza doce años de prisión por delito societario y de malversación de caudales públicos. El ministerio público considera probado indiciariamente que los encartados --el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, el exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril, el exdirector técnico de la sociedad, Miguel Ángel Pérez y el constructor Agapito Iglesias-- se conchabaron para desviar cerca de 17 millones de euros de sobrecostes de la construcción de 119 naves en la plataforma.
La acusación, publicada ayer por Heraldo, es la única que queda por entregar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que investiga el caso. De hecho, aún no ha sido notificada a las partes personadas.
Ya fueron entregados los escritos de acusación de la propia Plaza --que solicita 15 años para cada imputado--, la DGA --pide 14 años para Becerril y Escó, 13 para Pérez y 12 para Agapito-- y UPD, que solicita 13 años para Pérez, 15 para García Becerril y Agapito Iglesias y 16 para Escó.
Aunque asignándoles tipos delictivos distintos, todas las acusaciones coinciden en lo sustancial de la trama. Según consideran, los cuatro imputados concibieron un plan para justificar el sobrecoste de las 119 naves de Autocity, construidas por Codesport, del constructor soriano. Para ello, entre otras prácticas, aprobaron modificados de la obra prohibidos, cambiaron materiales y certificaron obra no ejecutada.
Algunas modificaciones fueron aprobadas por el consejo de Plaza, presuntamente con engaños de los responsables, pero parte del dinero pagado a Iglesias en dos pagarés --firmados por Escó y García Becerril-- por valor de 8,7 millones de euros ni siquiera pasó por el órgano rector de la sociedad pública.
