Semana complicada en el PSOE turolense. Después de la imputación en el caso Jamón del que fuera presidente de la Diputación Provincial y actual delegado de la DGA en esta provincia, Antonio Arrufat, un juzgado de Alcañiz acaba de imputar al actual alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez; a su antecesor en el cargo, Manuel Royo, y al secretario municipal Constantino Fonz. Están citados a declarar como supuestos autores de un delito de prevaricación administrativa por las adjudicación de las obras del polígono La Fresneda.
La llamada de la jueza se produce después de 18 meses de investigación y de la entrada y registro de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en el consistorio de este municipio turolense, tal y como adelantó EL PERIÓDICO.
La investigación trata de aclarar si se produjeron irregularidades en la ampliación de este proyecto industrial. Esta recayó en manos de la UTE Aragonesa de Obras Civiles - Mariano Meroñas Hernán, y la adjudicación fue recurrida en su día por otra de las empresas que aspiraban a realizar estos trabajos, Sumelzo, que entendió que había realizado una baja desproporcionada.
La queja de esta constructora se basaba, en el 2013, en que el pliego contemplaba una rebaja máxima del 15% sobre el presupuesto, pero la UTE se llevó el concurso con una del 16%, es decir, 1.664.836,10 euros de los 1.979.950,20 euros que constituían el importe del contrato.
La investigación realizada por la Fiscalía también se basa, según pudo saber este diario, en una serie de informaciones ofrecidas en su día por la empresa que estuvo al frente de la dirección de obra.
De hecho, las principales críticas de uno de los imputados en este asunto, el alcalde Ibáñez, fueron dirigidas contra esta sociedad. En declaraciones a este medio, el primer edil mantuvo que todo fue una venganza cuando se decidió apartarles de los trabajos. "Nos dijeron que el proyecto que habíamos pensado era irrealizable y que había que hacer un modificado del 10%, pero no nos fiamos, solicitamos un estudio a una empresa de ingenieros externa y nos dijeron que solo un 4%, así que decidimos que debían abandonar su puesto", resaltó.
Aunque cuando saltó a la luz este asunto, Ibáñez lo atribuyó a la cercanía de las elecciones. Ayer, tras recibir la carta de imputación, señaló "que eso no significa estar acusado de nada y que está encantado de servir a la Justicia". "Las decisiones nunca las tomé de forma unipersonal", recalcó.
Desde el PP, su portavoz, Alberto Herrero, recordó las críticas que sufrió y apuntó que "la Justicia, la Fiscalía y la Policía decidirá qué pasó".
