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INFORME

La alcaldada ya tiene precio

Una reforma legal impone desde esta semana el pago de las costas a quien pierda un pleito contencioso Los aragoneses le ganan uno de cada tres juicios a la Administración

 

E. BAYONA
06/11/2011

Las alcaldadas tienen desde esta semana precio en euros. Lo pagarán las administraciones que resulten condenadas en la vía Contenciosa por haber emitido sus responsables resoluciones injustas o irregulares que hayan perjudicado a los ciudadanos, cuyas costas judiciales --lo que estos se han gastado en abogados, procuradores e informes para litigar-- deberán asumir.

Esta novedad jurídica se aplica para las resoluciones dictadas a partir del pasado 1 de noviembre, fecha en la que entró en vigor la ley de Medidas de Agilización Procesal. En ella se incluye por primera vez el llamado principio del vencimiento objetivo, que obliga al perdedor del litigio --también al ciudadano-- a correr con los gastos cuando ve "rechazadas todas sus pretensiones", ya sea como demandante o como demandado.

OBJETIVOS: Esta modificación legal tiene como objetivo, según explicaron fuentes judiciales, corregir una de las malas prácticas más extendidas en las administraciones: optar por el sostenella y no enmendalla con determinadas decisiones injustas --sanciones, entre otras-- al considerar rentable tener que rectificar únicamente en los pocos casos en los que el ciudadano se decida a presentar una demanda mientras el resto de los afectados paga religiosamente. Ahora, los organismos públicos se exponen en algunos casos a una catarata de recursos que, en caso de condena, dispararían sus gastos al tener que pagar la condena y el juicio.

El principio del vencimiento objetivo se aplica también al ciudadano. En este caso, según las mismas fuentes, el efecto disuasorio afectaría a la ingeniaría jurídica: presentar recursos sin fundamento para eternizar, o cuando menos prolongar, la ejecución de determinadas resoluciones pasaría a salirle caro al demandante.

DISCRECIONALIDAD: La normativa da cierta discrecionalidad al juez, que podrá eximir de pagar las costas tanto a la Administración como al administrado cuando "aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". No obstante, los jueces también podrán obligar a una de las partes a asumir el pago de la totalidad del pleito si aprecian que ha litigado "con mala fé o temeridad".

TANTEO: En Aragón, según explicaron varios veteranos abogados, el ciudadano viene a ganarle al Gobierno de Aragón y a los ayuntamientos de la comunidad una tercera parte de los pleitos que le presenta en la vía Contencioso Administrativa, aunque el resultado no es homogéneo sino que varía según las materias.

En cuanto a la administración local, los letrados diferencian entre las corporaciones de tamaño mediano y grande y los pequeños municipios. Estos últimos son --salvo en materias fiscales, normalmente delegadas en las diputaciones-- más propensos a la alcaldada.

Por último, los abogados explican que en los juzgados de lo Contencioso "se ha impuesto el criterio de que es el ciudadano quien recurre y la Administración quien se defiende, con lo que, en caso de duda, se aplica el in dubio pro administración".

LITIGIOSIDAD: Los aragoneses le presentaron el año pasado a la administración un total de 5.598 pleitos: 3.524 en los juzgados de primera instancia y 2.074 en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Con estos datos, el balance de victorias y derrotas se situaría en torno a 4.000 a favor de la administración y 2.000 en contra. Las costas de las primeras las habría pagado cada ciudadano litigador. Las de las segundas, los organismos públicos; es decir, los administrados como colectivo pagano del erario público. Esos procesos dieron lugar a 4.174 sentencias --2.555 y 1.619-- y 2.599 autos --2.071 y 528--. Se trata de una de las jurisdicciones que mayor nivel de colapso presenta en la comunidad.

   
8 Comentarios
08

Por antonio borrol 12:12 - 06.11.2011

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Eso de que es el ciudadano quien recurre y la Administración quien se defiende, es una falacia. El ciudadano va en último remedio ( juicios tengas y los ganes...) y se defiende de la administración con el último recurso que le queda, la Justicia. Para mi es inmoral decir lo contrario, así como que la administración somos todos... La administración la forman los funcionarios y políticos que la conforman. y deberían responder de sus actos, cosa que no sucede...

07

Por Victor 11:25 - 06.11.2011

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Dará lo mismo, las alcaldadas las pagaremos a escote, así que a seguir que es gratis.

06

Por Obery 10:16 - 06.11.2011

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En desacuerdo. La idea de la reforma no es castigar a la administracion pertinaz, sino disuadir al ciudadano de interponer recursos contenciosos

05

Por pinki 10:12 - 06.11.2011

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por fin, en la DGA te deniegan lo evidente ya que pocos se deciden ir a juicio, y a ellos les salía gratis. Ahora la Sra. Rudi, debía exigir la responsabilidad del funcionario inepto puesto casi a dedo que redacta la denegación de derehos claros. Se lo dice un funcionario cabreado con esta administración autonómica

04

Por dudas 10:08 - 06.11.2011

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Sólo una pregunta: el Alcalde es la cabeza visible de un grupo de funcionarios quienes le asesoran y le asisten. Un alcalde o un presidente de la DGA, no tiene porque saber de todo, tiene sus asesores, y luego el firma. Si se le pasa algo a la firma a esa persona, es porque alguién, normalmente de su confianza, se lo dice, quién es el responsable? Quién debería de pagar? Si los funcionarios que hacen su trabajo no son imparciales, no comenterán errores para desprestigiar al firmante?

03

Por Ciudadano k 10:03 - 06.11.2011

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Y va siendo hora de que entre algo de cordura. Pero debería pagar las costas el sujeto personal que toma la decisión, no la Administración en general. Veremos, de todas formas, si los trabajadores pagan las costas de los juicios perdidos en la via Jurídico-laboral.-

02

Por SPQR 9:43 - 06.11.2011

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Buen paso, pero si la responsabilidad se extendiera al funcionario/responsable político que ha firmado las resoluciones....se avanzaría más. Al final, la administración somos todos y entre todos vamos a pagar el despotismo que sufren algunos ciudadanos. Vease el caso minas o los 15 contenciosos que acumula de momento el concurso eólico (ambos de la misma DG).

01

Por EL MAÑO DE CASTEFA 9:39 - 06.11.2011

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Las alcaldadas las tendrían que pagar los señores alcaldes y sus secuaces. Cuando la asdministración paga, pagamos los administrados y no el administrador. Esta es la diferencia, que al final pagamos los de siempre.