La Diputación General de Aragón rectificó y renovó la tarjeta sanitaria a dos inmigrantes en situación irregular y enfermos de sida a los que se había denegado recetas en cumplimiento del real decreto para el ahorro en el sistema sanitario español. "El problema está resuelto, el Gobierno autonómico está haciendo un gran esfuerzo para dar respuesta a este tipo de pacientes", señalaron ayer en la Fundación Cruz Blanca de Huesca, que atiende a un amplio colectivo de personas vulnerables y en riesgo de exclusión.
Este caso, ocurrido en la capital oscense, fue denunciado por Chunta Aragonesista. Y ahora, a la vista del impacto que el real decreto puede tener en la población inmigrante irregular, la Fundación Cruz Blanca, regentada por hermanos franciscanos, está trabajando para poner en marcha un dispositivo médico destinado a personas sin tarjeta sanitaria, así como un banco de fármacos.
"Estamos buscando apoyos para dar cobertura a los colectivos más desprotegidos", aseguró ayer Pilar Paúl, de la Fundación Cruz Blanca, que enumeró una serie de programas dirigidos a personas sin recursos y con graves enfermedades o carencias.
