La educación aragonesa firma contra Wert

Aragón cuenta con una numerosa representación entre los cerca de 2.000 personas que han firmado ya el documento Por otra política educativa, elaborado, a nivel nacional, por un grupo de profesionales de la educación que "preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la evolución de la política educativa" han impulsado la iniciativa "con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora".

Entre los aragoneses que ya han estampado su rúbrica de adhesión al comunicado figuran profesores --entre los que aparece el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaica, padres, catedráticos, decanos --como el de Ciencias Sociales y Trabajo, Miguel Miranda, inspectores, orientadores o funcionarios, además de representantes de partidos, sindicatos o la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar).

El comunicado censura el "sesgo economicista" del anteproyecto de refoma educativa planteado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y expone la necesidad de un "auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro virtual".

Para los firmantes, "se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación" y añade, en este sentido, que "los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa".

Asimismo, los firmantes comparten que "la ley acepta el fracaso como inevitable y el Gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los más vulnerables" y expone que "se pretende segregar al alumnado desde los 14 años, reduciendo en dos el tronco común y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en vía muerta".