La Comisión Europea (CE) presentará mañana su plan de cofinanciación de redes europeas de transporte, en el que la Travesía Central entrará seguramente en la lista de infraestructuras prioritarias. Desde hace ya días, todo apunta a que la Travesía Central estará en los planes de la Comisión, si bien de manera parcial, según varias fuentes europeas.

El Gobierno de Aragón ha realizado en los últimos meses fuertes presiones políticas, incrementadas en las últimas semanas, para que se incluya el corredor como prioritario. Varios gobiernos autonómicos han repetido últimamente que los tres corredores son compatibles, aunque al final deberán competir para unos fondos que, previsiblemente, favorecerán a los países del Este de Europa, que han recibido menos ayudas comunitarias y donde las infraestructuras escasean.

En total, la Unión Europea (UE) gastará unos 40.000 millones de euros en proyectos que considere "prioritarios" para el marco presupuestario del periodo 2014-2020 y que sean difíciles de financiar con fondos privados o sólo con los presupuestos estatales. De esta cantidad, la mayoría, 21.700 millones de euros, está reservada a aproximadamente una decena de corredores transfronterizos de transporte de mercancías que unan regiones estratégicas de Europa, a los que hay que añadir otros 10.000 millones procedentes de los fondos europeos de cohesión.

El resto de los fondos se repartirá entre 9.100 millones para corredores energéticos y 9.200 millones para infraestructuras digitales. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) cifra en cerca de 2 billones de euros la cantidad que debe invertirse en la UE en infraestructuras hasta 2020.

La travesía central prevé unir Algeciras y el sur de Portugal con Madrid y Zaragoza para enlazar después con la ciudad francesa de Pau a través de un túnel que atraviese los Pirineos por Huesca.

Precisamente este túnel, defendido con ahínco por Aragón y Navarra, es el punto más conflictivo del proyecto por su elevado coste y porque, pese a estar a favor en principio, su construcción no es una prioridad para el Ejecutivo galo.