La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Zaragoza ha empezado el 2017 en servicios mínimos. Si el personal ya era escaso para atender la demanda, según los propios trabajadores, ahora es insuficiente. De los cuatro técnicos auxiliares que se encargaban de las labores de información en el 2016, dos no han sido renovados y otro se jubiló el año pasado. El resultado es que solo hay una asesora y el director del centro al frente.
Por si fuera poco, este lunes la única técnico tampoco estará, ya que se encuentra de vacaciones, por lo que no habrá personal para poder atender a los usuarios que acuden hasta la sede de la calle Boterón. Según informaron desde Servicios Públicos y Personal, el proceso de renovación o contratación está pendiente de iniciarse. Además, garantizaron la prestación del servicio en todo momento, a pesar de la disminución en el número de personal.
Desde el consistorio explicaron que los puestos de los dos técnicos auxiliares que actualmente no están ocupados, «por ahora», dependen directamente de un convenio con el Gobierno de Aragón. Aunque este servicio no es competencia municipal, se presta desde los años 80. La DGA redujo la cuantía de 45.000 a 27.000 euros en el 2016, aunque este año volverá a la partida original, según informaron desde el área de Servicios Públicos y Personal.
Por lo menos en la teoría, porque el presupuesto autonómico todavía no se ha aprobado. Igual que el del ayuntamiento, en plena negociación y pendiente de llevarse al pleno. El borrador municipal contempla destinar la misma partida a la OMIC que el año pasado, 90.000 euros, que no se ejecutaron en su totalidad. Según este mismo documento, se retiraron 15.000 euros de la partida en una modificación de crédito y se ejecutaron poco más de 33.495.
POLÉMICA
No es la primera vez que surge la polémica entre la OMIC y el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). El pasado mes de abril se trasladó la sede, ubicada hasta entonces en la casa consistorial de la plaza del Pilar, a la antigua oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH). Esta mudanza no gustó nada a los empleados que advirtieron de la confusión que originaría entre los usuarios y las repercusiones negativas que conllevaría.
Entonces denunciaban que el cambio sería gravoso por dos motivos: porque no se incluía al personal de la junta arbitral y auxiliar administrativo, con quien comparten recursos, afectando al desempeño de sus respectivas funciones; y, en segundo lugar, porque reducirá el número de ciudadanos que acuden en busca de asesoramiento e información. Algo que las cifras del primer semestre del año desmintieron ya que la cifra de peticiones de información fue similar a la de años anteriores.
