El matrimonio zaragozano que cedió la tutela a su hija adoptada en la India a los servicios de atención a la infancia de la DGA no incurrió, en ningún ilícito penal, si bien la Ley de Infancia de 2015 estableció que los padres que decidan truncar una adopción, no podrán tramitar ninguna más. Por tanto, no tendrán que responder a ningún tipo de sanción.
La letrada zaragozana y doctora en Derecho de Familia y de la Persona, Cristina Chárlez, destaca que un asunto de estas características es «más habitual de lo que parece», aunque en la mayoría de los casos responde a que los menores sufren algún tipo de enfermedad que no ha sido comunicada previamente por la agencia que ha gestionado los trámites.
Chárlez resalta que los argumentos que los progenitores suelen dar en estos casos que es que no están preparados para mantener a esos hijos «por motivos psicológicos, por la conducta que presente el menor (violenta) o por imposibilidad de hacerse cargo del niño dentro de un orden familiar». El supuesto económico no se contempla, en opinión de esta abogada, ya que las administraciones suelen responder a través de ayudas.
Esta especialista destaca que este caso no se trata de ningún tipo de abandono, puesto que los padres han alegado un circunstancia por la que los servicios sociales han asumido la tutela de forma provisional. Esta especialista explica que la menor es una española de pleno derecho después de que una sentencia de un juzgado indio diera el visto bueno para que saliera del país y fuera adoptada por extranjeros
Ahora, las opciones prioritarias para el Gobierno autonómico son, por un lado, encontrar otra familia adoptante española y por otro, dar con una que haya pedido tener un menor en acogimiento. Para cumplir la primera opción la administración autonómica propondría a un juez la adopción por parte de una familia idónea, que figuraría a su vez en una lista de espera.
