La normativa estatal modificó la comisión de las comisiones autonómicas de Justicia Gratuita, que actualmente componen dos funcionarios, un abogado, un procurador y una letrada de la DGA. Dado que esta última tiene voto de calidad, en caso de empate, está creciendo las denegaciones de la concesión de la asistencia, explica el letrado Ramón Campos. A menudo por falta de acreditación de ingresos, cuando en algunos casos son clientes que no disponen de documentación, añadió. Ese aumento de rechazos, sin embargo, no se refleja en las estadísticas del Consejo General de la Abogacía: en el último trimestre del año pasado, ya con la nueva comisión se denegaron un 25% (739 de 2199), el mismo porcentaje que en el primero, con el antiguo sistema.
