Al Gobierno central le saldría más barato rescatar la concesión del tramo de la AP-2 que discurre entre Alfajarín y Fraga que acometer el proyecto de desdoblamiento de la N-II entre esas dos poblaciones. Ese itinerario, de poco más de 90 kilómetros, se consolidó el año pasado como el tramo de carretera más mortífero de Aragón al haber fallecido en él once de las 68 víctimas de accidentes mortales de tráfico que se registraron en toda la comunidad. El primer siniestro fatal del 2012 se produjo también en él.

Los habitantes de la zona llevan años reclamando una solución, ya sea el desdoblamiento de la N-II como autovía, la implantación de peajes suaves o gratuitos en la AP-2 o la gratuidad de ese tramo de la autopista, para reducir la accidentalidad de un tramo viario cuyos alcaldes califican de "matadero".

En tiempos de restricciones presupuestarias, y con varias obras de construcción de autovías paradas en Aragón, el desdoblamiento de la N-II continúa atascado. Se encuentra pendiente de que el Ministerio de Medio Ambiente emita la declaración de impacto ambiental que, de ser favorable, permitiría iniciar la redacción de un proyecto que debería incluir sus recomendaciones antes del proceso de ejecución.

NÚMEROS Según el estudio informativo que el Ministerio de Fomento hizo público en el 2005, desdoblar la N-II costaría 420 millones de euros, precio que debería ser revisado al alza y al que habría que añadirle los trabajos de mantenimiento que tendrían que realizarse en la autovía unos años después de que entrara en servicio. Paralelamente, según explicó hace unos meses el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, la concesión de la AP-2, que explota Acesa y que caduca en el 2021, le cuesta cada año 110 millones de euros. A ese coste se le debe sumar el del mantenimiento de la N-II, lo que da un total de 1.400 millones más la conservación de la autovía y la antigua Madrid-Barcelona.

Por el contrario, algunas estimaciones cifran en unos 700 millones de euros el coste del rescate o expropiación de la concesión de la autopista, al que habría que sumar su mantenimiento y el de la N-II.

Otra cuestión, apuntan fuentes de la zona, es si las autoridades comunitarias permitirían sin inmutarse la construcción de una infraestructura de ese tipo en un sector de Aragón plagado de áreas protegidas y de zonas de interés ornitológico y sobre el que existe una queja en suspenso que las organizaciones ecologistas pueden reabrir si consideran que el proyecto, o su ejecución, vulnera los acuerdos que llevaron al archivo del expediente.