Todo el mundo combatió el franquismo en España como todo el mundo combatió el nazismo en Alemania. Si un visitante sin conocimientos de la historia europea contemporánea llegaba a la extinta RFA a principios de los años 50, corría el riesgo de llevarse la falsa impresión de que la sociedad alemana en pleno había luchado contra Adolf Hitler. En 1952, el único monumento destinado a recordar lo que ocurrió durante el Tercer Reich hacía referencia al plan Walkiria, el atentado contra el führer del 20 de julio de 1944, y radicaba en el mismo lugar en el que murió fusilado el coronel Claus von Stauffenberg, el principal conspirador del fallido complot.
Nada se decía de los campos de concentración y exterminio o del hecho de que Hitler fuera aupado al poder por los votos alemanes. Tuvieron que pasar más de 30 años para que las autoridades de la RFA --forzadas por el ansia de las generaciones más jóvenes de conocer su historia y por una fuerte presión mediática-- se decidieran a inaugurar un museo que tratara el genocidio al pueblo judío y los otros dramas del nazismo.
Un pasado amoldado
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de aprobar un proyecto de ley de memoria histórica que, de momento, ha suscitado las críticas tanto de partidos de izquierda, IU-ICV y ERC, por no anular los consejos de guerra y juicios sumarios celebrados durante el franquismo, como de la derecha del PP, que acusa al Ejecutivo de pretender volver a un pasado "ampliamente superado". Un ligero repaso a las actuaciones de otros países en esta materia indica que varios de ellos, como Alemania o Francia, tardaron décadas en enfrentarse a su pasado, y, sobre todo, muestra que no hay una receta mágica para afrontar los traumáticos recuerdos.
El Centro de Historia de la Resistencia y la Deportación de Lyón abrió sus puertas en 1992 y se halla en el edificio que fue sede de la Gestapo. Es un museo ambicioso. Se puede disfrutar de una reconstrucción de las calles de Lyón durante la contienda, de grafitis antinazis y de una iluminación baja y efectista que pretende transportar al visitante a la atmósfera que se respiraba en la ciudad durante la ocupación alemana.
El centro narra el papel de los franceses en la resistencia al nazismo, tanto de los civiles como de los que pertenecían el ejército de la llamada Francia Libre, bajo el mando del general Charles de Gaulle, así como la participación de estos militares en el desembarco de Normandía. También se cuenta que París fue liberada con la "ayuda" de tropas norteamericanas. Apenas hay referencias, en cambio, al régimen de Vichy, satélite del Tercer Reich, ni al exterminio de los judíos franceses, ni, tampoco, al grado de colaboracionismo con el régimen nazi que se dio en el país vecino.
Iniciativa privada
Este museo de Lyón no es ninguna rareza en el contexto francés. Hasta casi medio siglo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los únicos centros dedicados allí a la memoria del antifascismo eran de iniciativa privada y escasos recursos. Cuando, entre finales de los 80 y principios de los 90, se inauguraron museos públicos dedicados a este periodo histórico, todos se ajustaron, más o menos, a un esquema que tiene algo que ver con los cómics de Astérix y Obélix, pero en versión nazi en lugar de romana: la sociedad francesa había resistido a la ofensiva del Tercer Reich; aquellos que colaboraron con el régimen de Hitler no eran, en realidad, verdaderos, auténticos franceses.
Frente a estos ejemplos europeos de recapitulaciones tardías y un tanto en falso del pasado, contrastan los casos de Argentina y Chile. Su singularidad, basada en las comisiones de la verdad, se debe, por una parte, a que las dictaduras de corte castrense que padecieron estos países fueron más recientes y entonces la doctrina de los derechos humanos tenía también más fuerza; por otra, a la insistencia de la llamada sociedad civil, que no se arredró ante las amnistías que se autoaplicaron los militares antes de dejar el poder.
En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, se encargó de recoger, dentro del llamado informe Sábato --por el Nobel de Literatura, Ernesto Sábato-- cerca de 9.000 casos de desapariciones. Pese a no tener carácter vinculante, el documento sí tuvo consecuencias judiciales. Gracias a él, pudo realizarse el juicio, en 1985, contra los generales de las juntas militares. Juicio frustrado, por otra parte, por las leyes de punto final y obediencia debida aprobadas por Carlos Menem.
En Chile, donde también hubo una comisión de la verdad, la ley de amnistía de 1978 impedía la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas hasta esa fecha por el régimen de Augusto Pinochet, pero, tras la detención del exdictador en Londres en 1998, la Corte Suprema del país latinoamericano hizo una interpretación de la citada norma que permitía enjuiciar esos delitos. A diferencia del caso español, allí no ha habido una condena formal de la dictadura pinochetista, pero las víctimas del terror de Estado sí han sido reconocidas como tales.
