La Ley de Lenguas marca ahora mismo el pulso político en las Cortes. Es fuente de acalorados debates y de encendidas diferencias. El PP incluso ha salido a la calle en busca de apoyos ciudadanos para frenar la imposición del catalán. Y a todo esto en el interior de los propios partidos se han tenido que despejar las tensiones que rezuman de la simple denominación de una lengua. Si no que se lo digan al PAR. Todo un terremoto.

Los aragonesistas no se han sentido nunca cómodos con el asunto de las lenguas. Mientras algunos alcaldes de este partido en la zona oriental de Aragón aceptan sin problemas que lo que hablan es catalán, desde las bases se ha mostrado un rechazo frontal a la ley. Y eso ha puesto a José Ángel Biel y Alfredo Boné en una situación complicada. O quizás no tanto. La Ley de Lenguas ha sido también la excusa perfecta para marcar distancias con sus socios de gobierno. Durante la tramitación en las Cortes del texto no ha existido un interés real por llegar a un acuerdo en la denominación. Haciendo caso a las bases, se ha rechazado de plano el catalán. Y eso que algunos dirigentes aragonesistas admiten que el peso de los que se oponen a la ley es más bien pequeño.

En el PAR se desconfía incluso del valor sobre el terreno de los comités locales que se han adherido a la lucha contra la proposición del PSOE. "Sabemos que en muchos pueblos pequeños no hay ni siquiera comités y que se crean para esto, pero con un número de gente muy reducido". ¿Por qué entonces esta postura contraria del PAR? Seguramente por el momento. Es el final de una legislatura, pero también de un ciclo. Marcelino Iglesias se marcha y el PAR debe hacer algo para tratar de visualizarse de cara a las próximas elecciones. No es posible estar mucho más tiempo a la sombra de los socialistas. Por eso la tramitación de esta ley marca un punto de inflexión. El PAR decide distanciarse a partir de este asunto. Y hay varias cuestiones que ayudan a ello. La no devolución de los bienes de la Franja, el trasvase a cuatro municipios de Cataluña y en último término el conflicto con la Corona de Aragón que algunos sectores de la comunidad vecina quieren apropiarse. Estos asuntos, unidos a escándalos como el de La Muela o Asael, que le tocan de lleno, son un sustrato suficiente para que el PAR se plante, haga caso a un pequeño sector de sus bases y opte por el rechazo de la ley de lenguas. Ya no hay vuelta atrás.

En realidad, la ley de lenguas ha sido una especie de revulsivo para la mayoría de los grupos políticos aragoneses. Al PSOE le sirve para cumplir un promesa pendiente. Al PP para dejarse ver en las calles y captar a los sectores más radicales y anticatalanistas de la sociedad aragonesa. Una buena excusa para que Luisa Fernanda Rudi recorra el territorio, hable con la gente y entre en el debate político del que está ausente.

Y a CHA también le ha resultado de utilidad esta ley. Ha engrasado su maquinaria de partido. Y ha probado las mieles de un posible pacto con el PSOE. Esto le ha dado un papel protagonista en todo el proceso de negociación y tramitación. Las lenguas se han convertido en una de sus banderas y han sabido sacarle partido. Sus enmiendas eran las mejor trabajadas.

La ley de lenguas, por mucho que diga el PP, tampoco es tan atrevida. En el Estatuto de Valencia se dice que los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma son el valenciano y el castellano. Se obvia, en este caso, la expresión catalán. No así en las islas, donde se reconoce como oficial el catalán, "lengua propia de las Baleares". Aquí el PSOE propuso al PAR una solución parecida, es decir, catalán de Aragón, pero ni aún así fue aceptada. El jueves pasará el terremoto lingüístico.