El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ordenado la ejecución forzosa de una sentencia que insta a la administración educativa aragonesa a favorecer un reparto equilibrado entre la educación concertada y pública de los escolares con necesidades especiales.
La sentencia del tribunal aragonés responde a un contencioso interpuesto por la Asociación de Padres y Madres del Colegio Pío XII de Huesca, un centro público que concentra la mayor población de alumnos de minorías étnicas, principalmente de raza gitana, e inmigrantes de la capital altoaragonesa.
Los magistrados del TSJA, sin entrar a valorar la situación del colegio oscense, consideran que la resolución de la Consejería de Educación de mayo de 2011 por la que se convocaba la distribución de alumnos en centros docentes públicos y concertados de Aragón no cumple los criterios de proporción exigidos para la alumnos con necesidades especiales.
El tribunal se apoya en una resolución del Justicia de Aragón en relación con el mismo centro educativo de Huesca en la que instaba a las autoridades educativas a que los escolares con necesidades especiales no superaran el 30 por ciento del total del alumnado, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
Entiende el TSJA que el Gobierno aragonés incumplió con su convocatoria su propia normativa de garantizar una "adecuada y equilibrada" escolarización del alumnado con necesidades específicas de aprendizaje.
A juicio de los magistrados, se trata de un mandato "claro y preciso" que pudo haberse cumplido con una orden independiente de la convocatoria, algo que, añaden, "no ha sucedido así".
La sentencia anula la convocatoria y ordena de forma taxativa al Gobierno aragonés a fijar una proporción "concreta" de alumnos con necesidades especiales entre los centros públicos y concertados.
CGT denuncia en un comunicado que la resolución del TSJA no se ha cumplido, e insta al actual Departamento de Educación en Aragón a aplicarla en todos los centros públicos y concertados de la Comunidad.
Según informa este sindicato, la mayor parte de los alumnos que requiere de atención especializada se concentra en los centros educativos de carácter público debido a las trabas que se plantean desde la concertada.
Situación, añade CGT, que se debe a que la legislación educativa en referencia a los alumnos con necesidades especiales no se ha cumplido ni por el anterior ni por el actual Gobierno aragonés.
A juicio de esta organización, la resolución del TSJA podría tener "importantes consecuencias" en los procesos de escolarización futuros en todo Aragón.
Los datos obtenidos, añade el sindicato, revelan que "curso tras curso" la segregación de matrícula en la educación concertada es la causante de la aparición de "centros públicos gueto".
Estas fuentes añaden que alrededor de un 70 por ciento del alumnado con necesidades especiales se concentran en centros públicos, por lo que instan a la actual Consejería de Educación a garantizar el cumplimiento de las normas que obligan a un reparto equilibrado de estos escolares.
