El Gobierno ha aparcado su promesa electoral de una ley para regular la actividad de las mutuas pero ha decidido darles alas en el control de las bajas por enfermedad común. Según refleja el real decreto que ha sometido a consultas de los agentes sociales, estas entidades privadas podrán dar un alta provisional que será firme si los médicos de la sanidad pública no dicen nada en contra.
El borrador de decreto deja abierta la posibilidad de que las mutuas tengan la exclusividad en dar las bajas a un trabajador cuando recaiga en la misma enfermedad en un plazo de seis meses. Los sindicatos UGT y CCOO han presentado unas alegaciones ante el Ministerio de Empleo en las que rechazan el decreto, pero sobre todo esta regulación de lo que se llama silencio administrativo positivo. Según UGT, el Gobierno trata al trabajador enfermo como sospechoso y le amenaza con la posibilidad de quitarle la prestación económica durante el periodo de baja.
Para proponer la reincorporación del enfermo al trabajo, las mutuas examinarán los informes médicos realizados durante el control de la enfermedad y así llegar a la conclusión de que "el trabajador puede no estar impedido para el trabajo". La propuesta de alta "motivada" deberá "justificar las causas" por las que se pide la reincorporación del trabajo a su puesto y se dirigirá al servicio de inspección de la sanidad pública, que tendrá que resolver en el plazo máximo de cinco días.
En el caso de que al sexto día la mutua no hubiera recibido respuesta del sistema público, se entenderá que su propuesta ha sido aceptada y, por tanto, el trabajador deberá reincorporarse al trabajo. También será la mutua la que comunique a la empresa el alta del trabajador
COMPROMISO ELECTORAL El control y seguimiento el enfermo durante el periodo que esté en situación de incapacidad temporal (IT) lo realizarán los médicos de familia, en concreto el que le haya dado la baja, pero las mutuas podrán comprobar si es cierta la IT para lo que podrán acceder a los informes médicos y pruebas diagnósticas que se le hayan realizado al trabajador enfermo, que se las facilitará el médico público.
SEGUIMIENTO El proyecto de decreto permite que el seguimiento se realice por los médicos de las mutuas que, según dice el proyecto, se llevará a cabo "respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad de los trabajadores" y garantizando la confidencialidad de la información obtenida con este control.
La reforma del papel de las mutuas en el control de las bajas médicas es un compromiso electoral del Partido Popular y también una exigencia por parte de los empresarios en su cruzada particular contra el absentismo laboral.
El decreto quedó aparcado antes del verano para no solaparse con la reforma de pensiones y el informe que sobre ésta emitieron los expertos designados por el Gobierno. Entonces, los responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social aceptaIon la petición de los sindicatos de no juntar ambos debates.
