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NUEVO ESTUDIO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

"Con la represión económica se buscaba la muerte civil"

'Pagar las culpas' indaga en las multas y la incautación de bienes por el régimen

GARZA AGUERRI
09/05/2014

 

Si tremendamente crueles fueron las ejecuciones y los encarcelamientos por simple militancia en la legalidad republicana fruto de la represión de las tropas franquistas, no menos doloroso fue otro castigo, al que se ha prestado menos atención hasta ahora, y que estaba destinado a acabar social y económicamente con el adversario. Es decir, a buscar su "muerte civil" a través de mecanismos de incautación de bienes y pagos de multas por sus "delitos políticos". Un sistema de liquidar todo tipo de resistencia que centra el contenido de Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), un trabajo fruto de una larga y minuciosa investigación a cargo de Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo, que ha sido coordinada y plasmada en un libro de Editorial Crítica por Julián Casanova y Ángela Cenarro.

La obra, y por consiguiente el estudio, fue presentado ayer por sus autores en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en una acto en el que además de repasar todas las aristas de este maquiavélico proceso represor, los autores recordaron de manera incisiva en los escasos apoyos obtenidos desde las instituciones para sacar adelante la publicación: "A pesar de que el estudio lo financió el Gobierno de Aragón, una vez concluido, el gobierno había cambiado de manos, y cuando fuimos a depositar el trabajo, el director general de Patrimonio no quiso saber nada de él, arguyendo motivos como que ya no existía el proyecto Amarga Memoria o que no interesaba mover el pasado", lamentó Casanova.

Y es que Pagar las culpas, que ha contado con el apoyo del Rolde de Estudios Aragoneses, resultará para muchos incómodo, pues desvela no solo los nombres de las víctimas, sino también de los acusadores y de todo el entramado de autoridades militares y civiles, pero también vecinos de a pie, que colaboraron en las delaciones de los desafectos al régimen "unos como servicio a la patria y otros por intereses, pues hubo muchos de ellos que salieron beneficiados, muchos bienes cambiaron de manos. Puede decirse que hubo un reparto del botín de guerra que benefició al Estado, pero también a muchas empresas y particulares", explicó Estefanía Langarita.

Este tipo de represión se legalizó en enero de 1837, antes de acabar la guerra, con las comisiones de incautación, y prosiguió después del fin de las hostilidades con la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. En total, en España hubo 335.000 expedientados, de los que 13.422 lo fueron en Aragón, donde se llegó a recaudar unos 20 millones de aquellas pesetas. Hubo víctimas pudientes y muy significativas, como el que fuera Gobernador General de Aragón, José Ignacio Mantecón, que sufrió la mayor multa en Aragón, de 10 millones de pesetas, o Manuel Sender, hermano de Ramón J. Sender, que fue alcalde de Huesca. También sufrió incautación de bienes el oceanógrafo Odón de Buen. "Pero la inmensa mayoría fueron cantidades pequeñas, menores de 500 pesetas, que afectaron a jornaleros y campesinos. En aquel tiempo una multa de 150 pesetas era el salario de un mes de un jornalero", explican los autores.

Y había más agravantes, desde la injusticia de aplicarse la ley con retroactividad, es decir, yendo hasta el momento de la legalidad republicana, a no detenerse los procesos aunque el encausado estuviese preso, exiliado e incluso hubiese sido fusilado, "por lo que la familia tenía que hacer frente a todas las cargas con las penurias que conllevaba". Muchos de los procesos fueron sobreseídos por insolvencia, "pero solo por haber sido procesado ya quedabas estigmatizado", concluye Nacho Moreno. Afortunadamente, también hubo vecinos solidarios que testificaron a favor de los denunciados.

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