La Guardia Civil están registrando desde primera hora de este jueves la empresa de mensajería Unipost en L'Hospitalet de Llobregat y la sede en la calle Mallorca de Barcelona en busca de información sobre el gasto realizado por el cesado Gobierno de Carles Puigdemont para organizar el referéndum unilateral del 1 de octubre. Los agentes han detenido en su domicilio al director general de la firma, Pablo Raventós, que es familia de los propietarios de Codorníu, que no tiene nada que ver con el asunto. El ejecutivo ha sido trasladado a empresa para el registro y después conducido al cuartel del instituto armado.
Según fuentes cercanas a la investigación, la operación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga desde hace meses los preparativos del referéndum unilateral y la creación de las denominadas "estructuras de estado". El objetivo es localizar los pagos que realizó el Ejecutivo de Carles Puigdemont para el envío de las cartas con el censo electoral. Se sospecha que podrían haberse utilizado empresas o personas como intermediarios.
La Guardia Civil ya registró varias naves de Unipost el pasado mes de septiembre y se incautó de más de 45.000 notificaciones que iban a ser remitidas a las personas elegidas como presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. El material se encontraba en una almacén en Terrassa. Además, esta firma fue utilizada en la consulta alternativa del 9-N del 2014. El pasado 11 de octubre un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder hacer frente a la grave situación económica que atravesaba.
Argucias y seguimientos
En el marco de la investigación sobre el referéndum, el juez de Barcelona que tramita la causa ha ordenado a la Guardia Civil seguir el rastro de los gastos ocasionados por la consulta, tras constatar la "opacidad" y las "argucias" del cesado Gobierno catalán para camuflar que los fondos salieron de las arcas públicas. Hasta el momento, los investigadores han acreditado que el Ejecutivo utilizó medio millón de euros de dinero público para abonar publicidad sobre el 1-O.
La documentación confiscada en septiembre en Terrassa fue descubierta por la Guardia Civil cuatro días después de detectar una reunión que mantuvieron en el Hotel Pulitzer de Barcelona el director general de patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias (uno de los investigados por la organización de la consulta), el dirigente de ERC, Xavier Vendrell y Anton Reventós Reventos, el que fuer apresidente de Unipost. El informe sobre este encuentro, los agentes han incluido fotos de la reunión que se celebró en el interior del establecimiento y que duró una hora y media aproximadamente.
Pesquisas sobre el dinero
El juez ya requirió sin éxito el pasado 30 de octubre a la conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuando su titular Oriol Junqueras ya había sido destituido, que desglosara el coste del referéndum del 1-O, incluidos los actos de campaña, la estancia de observadores internacionales y el material empleado, lo que incluye urnas, papeletas, sobre y gastos de envío a cargo de Unipost.
Sin embargo, la Generalitat respondió a su requerimiento indicando "el desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto" para el referéndum. Ante ello, el juzgado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha pedido a los ministerios de Economía y Hacienda para que de las órdenes oportunas para cumplimentar su petición.El juez también ha solicitado poder acceder al fichero de titularidades Financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLANC), para conocer las cuentas bancarias de personas físicas y empresas.
La Guardia Civil investiga si la Generalitat usó intermediarios
El juzgado está investigando si el cesado Gobierno catalán utilizó empresas proveedoras habituales de la Generalitat para ocultar contratos a terceros vinculados al 1-0. En la causa aparece la declaración de un informático que admite un exalto cargo del Ejecutivo de Carles Puigdemont se puso en contacto con él para interesarse por unos dominios en internet que fueron usados, después, para el referéndum unilateral. El informático los adquirió y, después, los transfirió a la Generalitat. Facturó el importe de la adquisición a un supuesto proveedor de de la Administración catalana, según el informe del instituto armado. A su entender, se puede deducir que es la Generalitat la que en última instancia e indirectamente asumiría el gaso.
