El adelgazado discurso del PP se agarra a un único clavo: el crecimiento macroeconómico. De lo demás, significativos silencios; como si nada más fuera con ellos, corrupción incluida. Pero ni de las medallas deberían presumir, ya que ese crecimiento no implica desarrollo humano, tal como lo entiende el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sino que se sustenta en la desigualdad, el cortoplacismo y en no abordar cuestiones estructurales, como razona el catedrático Carlos Berzosa. Las cifras asustan. La desigualdad de la riqueza en España se ha doblado en 12 años, el 70% de los hogares no perciben ninguna recuperación económica y somos el tercer país con más trabajadores pobres de la UE (tras Rumanía y Grecia).

Un gobierno que mira por su país debería priorizar la obtención y redistribución de los recursos, pero estamos muy lejos de eso. Los técnicos de Hacienda (GESTHA) no solo denuncian que el 70% del fraude fiscal proviene de grandes patrimonios y corporaciones -mientras la investigación se centra en contribuyentes medios-, sino que exigen la dimisión de Montoro por su tendencia al uso indiscriminado del decreto ley, como el de la amnistía fiscal del 2012 que ahora ha resultado ser anticonstitucional. Para colmo, el responsable de Hacienda está bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción por mantener una actividad privada incompatible con su cargo y tiene el dudoso honor de ser el segundo ministro reprobado por el Congreso en pocas semanas.

Resulta llamativo que todo ello coincida con la conmemoración de las históricas elecciones de 1977. Glorificar de este modo el pasado -inluidos sesgos e interpretaciones a la carta- muestra un claro agotamiento de aquella transición, que hace imprescindible un nuevo impulso. Porque la democracia se estanca y se desprestigia cuando el partido que gobierna se niega, por ejemplo, a suscribir la propuesta del resto de ilegalizar a quienes se financien mediante corrupción, y cuando no reacciona ante el hecho de que un 75,6% de encuestados perciban su voto como inútil -según un informe de la Fundación Foessa (Cáritas)-, aunque sin embargo sí depositan una confianza creciente en la eficacia de organizaciones sociales.

Quizá por ahí esté la salida. Si de verdad existe otra política (o una renovación de la misma), esta no debería referirse a una población individualizada sino sustanciarse en asociaciones y movimientos ciudadanos. Cuarenta años después, otra vez. H *Periodista