El intento del Gobierno aragonés de acordar una reforma del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) obtuvo ayer la respuesta de la Red de Agua Pública de Aragón, con una propuesta que diluye el impacto de la iniciativa gubernamental sobre los usuarios y con una baremación en los pagos que, como poco, debería ser estudiada en profundidad porque está avalada con datos precisos. Propone también que la DGA asuma los costes del modelo fallido. El debate debe proseguir en la búsqueda de un equilibrio razonable, que no lleve a la imposición.
