Fotolog, la primera red social de fotografía, fundada en mayo del 2002, cerró el pasado día 4 sin previo aviso a los más de 33,5 millones de clientes que decía tener registrados. Algunos tenían cuentas premium y supuestamente pagaban o habían pagado una suscripción mensual, aunque la gran mayoría eran cuentas gratuitas, con funciones limitadas. Tras varios meses con quejas de usuarios para acceder al servicio, la web ya no está operativa y sus apps ya habían sido retiradas de las tiendas móviles sin más explicaciones. Lo peor es que, según sus términos de uso, podían hacerlo.
Ha sido el último caso de una práctica avalada por unas condiciones de uso a las que el próximo reglamento europeo de protección de datos quiere poner coto: que las empresas de servicios en internet no puedan cerrar sin aviso previo ni ceder datos o material de los usuarios a otras firmas sin consentimiento de estos. Y que los usuarios sean siempre los dueños de su información y puedan revocarla o borrarla, con aceptaciones de consentimiento que les exijan acciones.
Muchas son las perlas que se cuelan en las condiciones de uso, políticas de privacidad y demás, que son en principio el contrato por el que un usuario suscribe un servicio y que nadie se suele molestar en leer. Si se revisan, se encuentra, por ejemplo, que las cuentas no son heredables ni transferibles (válido para la biblioteca de música y libros de Amazon y Apple), que los servicios de almacenamiento pueden cerrar sin previo aviso (Dropbox), que hay webs que cambian el nombre del usuario sin tener que avisarle (Vine) o servicios de copias de seguridad que no garantizan que los datos no estén corrompidos o no puedan usarse (Apple), denuncia Jorge Morell, abogado de Abanlex y creador del blog Terminosycondiciones.es, que lleva años comparando las distintas versiones de los contratos de las empresas de internet con sus clientes.
Los juegos on line, además, no permiten a los usuarios exportar nada de lo que hacen dentro de la plataforma. El último caso ha sido el popular Minecraft, que ha cambiado sus términos para especificar que cualquier contenido que publique el usuario lo hace de forma "mundial e indefinida" y que de allí no sale.
DEBATE JURÍDICO "No está tan claro que una web como Fotolog pueda cerrar sin avisar a los usuarios para que retiren su contenido. Depende de las condiciones de uso, pero hay que abrir un periodo de tiempo razonable para que el autor de las fotos, a quien ampara su derecho moral como autor, pueda retirar su contenido. En ese sentido, sería posible una demanda", explica Juan Miguel Pulpillo, abogado de la agencia de derechos de autor Escrow.
Hay también casos en que se aplican legislaciones de otros países que contradicen la nacional. Airbnb, por ejemplo, solicita 6,25 euros a los usuarios de la UE y 10 euros a los del Reino Unido para ejercer el derecho reconocido de acceder a los datos personales, que se remiten "por escrito". La compañía lo justifica porque la central europea está en Irlanda, y aplican la legislación irlandesa, en la que es legal.
La ley española, en cambio, establece que este derecho es "gratuito" y debe garantizarse "por un medio sencillo", y admite que pueda ser a través de una pantalla, no forzosamente por escrito, recuerda la Agencia Española de Protección de Datos.
Pero no solo son los datos personales de los usuarios sino también, en muchos casos, contenidos subidos por ellos como fotos o vídeos, que pasan a considerarse activos de la empresa. "Aunque en general, todas las empresas de internet dicen que el contenido es propiedad del usuario, las condiciones en las que se administra son tan amplias que estos derechos personales se diluyen", señala Morell.
"Una red social, ¿qué tiene? El software, los usuarios y, si los hay, contenidos. Nada más. Y eso es lo que se vende", explica José Domecq, responsable en España de Tradespotting y exresponsable de Mipasado.com, una de las primeras webs que explotaban los vínculos con antiguos compañeros de clase. Lo que no es posible, recuerda Domecq, es fragmentar ese contenido: "No se pueden vender las bases de datos. En todo caso, se vende la empresa".
Esta condición, sin embargo, hay que notificarla a los usuarios del servicio con las nuevas condiciones de uso, coinciden los abogados. "Hay que pedir consentimiento a los usuarios cuando se cambian las condiciones de uso, porque el nuevo dueño puede querer destinarlo a otro fin", afirma Morell.
