Durante doce años la impunidad delictiva estuvo instalada en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Así lo considera la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que estima que algunos responsables de estos trabajos y de la empresa pública llegaron a malversar, supuestamente, 150,5 millones de euros. Es por ello que el ministerio público solicita a Acciona el pago de una importante indemnización de 147 millones de euros, además de un total de 191 años de prisión para 25 de los procesados y unas multas de 10,6 millones. Resaltan también los 6,4 millones de responsabilidad civil al consejero delegado de Plaza y exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó.

Según el escrito de acusación, presentado ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, los que idearon la presunta trama corrupta fueron el exgerente de la plataforma Ricardo García Becerril (23 años de cárcel) y el directivo de Acciona en Aragón, José María Jordán (10 años y nueve meses de prisión). Ambos acordaron, señalan los fiscales, que "la UTE formada por Acciona-MLN fuera la adjudicataria de las diferentes obras y obtener beneficios en la certificación de obras ficticias". En este engranaje saqueador habrían sido piezas importantes el director técnico y el ingeniero de Intecsa-Inarsa, Miguel Ángel Pérez Cervantes (14 años) y Nico Groeneveld (10,9 años), quienes debían dar por bueno el amaño.

Para que Acciona se hiciera cargo del proyecto estrella del Gobierno PSOE-PAR, García Becerril "maniobró para que el consejo de administración de Plaza acordara en una reunión, en la que estaba presente Escó, que se realizara una tercera vuelta que no estaba establecida en el pliego inicial. De no haberse realizado, habría ganado el concurso ACS/Arascón". Para la segunda fase, el exgerente comunica a Pérez Cervantes que modifique los puntos para que continúe los trabajos Acciona.

Esto desembocó, asevera Anticorrupción, en que los acusados previeron que las obras valoradas en 110 millones tuvieran un "coste ficticio de 243,72 millones". Finalmente, el desvío fue de 147.298.216,75 euros, apostilla la Fiscalía.

Esto lo consiguieron "simulando haber realizado obras, introduciendo mayores mediciones o fijando precios falsos". Valoran especialmente la declaración del trabajador de Acciona que denunció estas prácticas, Francho Chabier Mayayo. Este hombre relató una historia propia de un guión de película mafiosa, si bien aportó la documentación por los que, al parecer, durante una noche habrían dado el cambiazo a los precios fijados entre Plaza y la UTE. Una idea de Jordán y García Becerril en la que participó el jefe de obra, Alejandro Viñuales (que afronta casi 6 años de cárcel).