La tramitación de la protección legal del personal sanitario en Aragón se ultima en el momento en que menos agresiones se producen en la comunidad autónoma. Según los datos del Colegio de Médicos de Zaragoza, este año apenas se han registrados dos incidentes --Huesca y Teruel no han registrado ninguno-- y ambos tuvieron que ver con amenazas a personal sanitario, sin llegar a la agresión. La cifra supone el nivel más bajo de los últimos años. De hecho, en el 2012 se notificaron cinco casos, pero dos años antes se contabilizaron oficialmente 32 --28 en Atención Primaria--. En el 2009, en el primer nivel asistencial se registraron una veintena de denuncias.

Los dos conflictos que se han dado hasta ahora en los centros aragoneses se dieron en Zaragoza. Uno de ellos concluyó con la rectificación y arrepentimiento del paciente mientras que la otra amenaza se produjo al dar de alta a una niña de forma "precipitada" según un familiar. Uno de los casos se dio en un centro público y el otro, en uno privado. "Sin duda, son unos niveles aceptables aunque lo deseable es que no se produjera ningún episodio de este tipo", apuntaron desde el Colegio de Médicos.

En cuanto al año pasado, tres de los cinco casos se dieron en la sanidad pública y los otros dos, en la privada. En cuatro ocasiones la agredida fue una mujer, mayoritariamente en la franja de edad comprendida entre los 36 y los 45 años. Tres de esos cinco incidentes fueron protagonizados por pacientes que no estaban programados mientras que en los otros dos casos fueron familiares. Respecto a los motivos, dos presentaron discrepancias en la atención médica y uno provocó el altercado por la negativa del facultativo a recetarle el medicamento que él había propuesto. En cuatro ocasiones, el problema derivó en denuncia del médico y en una acabó en juicio. Dos acabaron en agresión.

En general, la ley ha contado con una buena acogida por parte del personal sanitario y social, que considera "necesario" contar con una protección legal en caso de conflicto. Sin embargo, el frenazo de los últimos años respecto al incremento de problemas de este tipo mitiga considerablemente la urgencia de su aplicación.

La Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Públicos de Aragón llegará la próxima semana al Pleno de las Cortes tras el pertinente recorrido que comenzó el 5 de febrero de este año, cuando el Ejecutivo autonómico aprobó el proyecto de ley que pretende reforzar la protección de los profesionales del sistema público, a los que otorgará presunción de veracidad en caso de conflicto con un paciente, así como protección jurídica.

BUENA SINTONÍA Hace escasas semanas, la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón votó el informe de la ponencia que estudia el proyecto de Ley, que ha estudiado 92 enmiendas parciales presentadas a este texto, --65 del PSOE, 13 de CHA y 14 de IU-- después de que fueran rechazadas las dos totales presentadas por estas últimas formaciones.

El texto establece esa protección legal y jurídica a todo el personal sanitario, pero se extiende a otros ámbitos de los servicios sociales. Así, engloba a directores y subdirectores de centros y servicios del sistema público sanitario o social, trabajadores sociales, pedagogos, educadores y personal de gestión y servicios, entre los que estarían incluidos los celadores. "La fusión de las dos consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales ha llevado a ampliar esta consideración al ámbito social", expuso la diputada popular Carmen Susín, coordinadora de la ponencia, que resaltó la "buena sintonía" en el debate parlamentario.