El Colegio de Médicos de Zaragoza valora la aplicación de la normativa legal que otorgará al personal sanitario la consideración de autoridad, pero no está de acuerdo en que solo se aplique en la sanidad pública. La presidenta de la institución, Concepción Ferrer, considera que «es algo importante porque ayuda a facilitar el contexto violento de reacciones con pacientes y establece unas normas para no sobrepasar los límites que debe tener la relación de un médico con su paciente, pero echo en falta y no acabo de entender que el texto no recoja al profesional de la sanidad privada». Porque Ferrer considera que el riesgo existe en los dos ámbitos, por lo que exige que la Administración recule en su idea inicial. «El profesional es el mismo en la pública que en la privada y las malas relaciones con pacientes pueden sucederse en ambos ámbitos, por lo que entendemos que se debe tener en cuenta», sostiene. De hecho, Ferrer ejemplifica con ella misma para subrayar que «yo soy médico en la privada por la tarde y en la pública por la mañana, por lo que un paciente podría esperar a tener un problema conmigo en jornada vespertina, cuando no estaré protegida por la ley. No tiene sentido» PRÓXIMA REUNIÓN / Por eso, la presidenta de la institución anuncia su intención de exponer este asunto al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván. «Si fuera solo una ordenanza interna podría entenderse, pero no a nivel de una ley que debe amparar a todo el mundo y tiene que contemplar todos los supuestos», expone Ferrer, que se muestra convencida de que su petición obtendrá una respuesta afirmativa. «Cuando lo hablemos vamos a establecer líneas de consenso porque creo que quizá no han caído en la cuestión y que, aunque probablemente los desencuentros son mayores en la pública, hay que contemplar todas las posibilidades, ya que en todos los sistemas pueden producirse conflictos y el profesional debe estar amparado por la ley», apuntó. De cualquier modo, desde el Colegio de Médicos se rechaza el agravio comparativo y la presidenta ±la primera en la historia de la institución aragonesa± se limita a considerar que la redacción de la norma puede «obviar» a la privada «porque no se dan estos episodios con tanta frecuencia », pero advierte de que «hay que suponerla y, si se legisla, hay que hacerlo para las dos partes aunque los de la pública incidan más en la consejería que la privada». Para ella, la entrada en vigor de esta ley justo en el momento en que menos incidentes se producen en los centros sanitarios y sociales de la comunidad es «positivo » porque «es bueno instaurar la norma con una baja incidencia de cara a que pueda aplicarse en momentos en que haya más casos de situaciones límite cuando la ley permite un mayor control» y concluye que la normativa supondrá «un paso adelante » de cara a «normalizar un trato que a veces puede salirse del contexto de la normalidad ».
