La crisis económica trajo recortes en los servicios, carencias en cuanto a inversiones públicas, recortes salariales y de derechos a la función pública y congelación de plantillas a la Administración. Nada podría indicar que hoy, ocho años después de que comenzara y sin que haya indicadores que garanticen que se haya superado, en la comunidad autónoma habría mil trabajadores más empleados por el Gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Aunque los datos oficiales en realidad apuntan que es la DGA la que, con 3.300 puestos de trabajo nuevos, compensan un descenso de otros 2.300 en las plantillas municipales y de la Administración estatal.
En el 2009, según los datos oficiales del Ministerio de Administraciones Públicas, había en Aragón 89.191 empleados públicos, hoy son 90.143. Un crecimiento que es mayor en el último año, cuando se contabilizaban 87.376, con casi 2.000 puestos de trabajo destruidos en las administraciones. Así que son 2.800 más creados en el último ejercicio.
Desglosando la evolución por cada una de ellas se descubre que el Estado partía en los inicios de la crisis con 23.332 trabajadores, que el año pasado tenía 22.321 y que en el último año aún lo ha reducido más, casi un centenar menos, al tener ahora 22.228. Los ayuntamientos aragoneses, por su parte, hace siete años contaban con 18.721 empleados, el 2015 tenían 17.544, y este año alcanzan los 17.557, apenas trece más en el cómputo global tras haber dejado en el camino a casi 1.200 puestos.
La congelación de las plantillas, una tasa de reposición de vacantes bastante más baja que en años anteriores y el aumento de las jubilaciones anticipadas por el miedo a la reforma de las pensiones son ingredientes más que necesarios para explicar esta reducción. Una disminución de efectivos que, en definitiva, se orientaba a reducir el gasto en las arcas municipales y que conllevó la sobrecarga de trabajo en los servicios y la pérdida de calidad en su prestación.
UN 13,3% DE AUMENTO
Con esta tendencia, lo llamativo de la estadística llega de la mano de la comunidad autónoma, que ha compensado este descenso con una ampliación de efectivos que ha llevado a remontar las cifras, sobre todo en el último año. En el 2007, la Administración autonómica contaba con 39.277 trabajadores, entre funcionarios de carrera e interinos; en el 2009 ya eran 42.349, cuando la crisis golpeaba con fuerza a todo el territorio nacional; tras el Gobierno del PP de Luisa Fernanda Rudi, la estadística dejaba la cifra en el 2015 en 42.232 (42.536 en el 2014) y en el 2016 ya se sitúa en 44.528, un 13,3% más que antes de la crisis y un 5,1% más que hace solo un ejercicio.
El porcentaje es superior en la Universidad de Zaragoza: un 21% más en solo siete años. Según los datos del ministerio, en el 2009 había contratados 4.789 empleados, en el 2015 eran 5.279 y este año se eleva a 5.830. Casi 1.100 personas más trabajando para el campus público en las diferentes labores que se realizan. Tomando la referencia del 2009, la DGA y esta institución aportan 3.300 puestos más, que contrarestan los más de 2.000 que se han perdido en la Administración central y municipal.
La contrapartida al aumento que esto significa en el gasto público es atajar otro de los males que acechan a la Administración y los recortes en sus plantillas: se reduce la edad mínima del trabajador público. La DGA, por ejemplo, ahora tiene un promedio de 46,7 años, muy por debajo de la que registra el Ayuntamiento de Zaragoza, que lleva cinco años con la plantilla congelada y ha perdido más de mil efectivos.
Eso se consigue con nuevas plazas, a las que acceden también trabajadores más jóvenes. En el Gobierno de Aragón se han dado pasos al frente para que se cubran hasta 1.490 plazas en los últimos años.
Otro de los datos significativos en Aragón es la presencia de la mujer en la Administración. De los 90.143 puestos, ellas ocupan 49.333 y los hombres 40.810. Una aparente igualdad de género que no es tal en los puestos de alta dirección o en función de la Administración a la que se mire. Así, en la estatal, hay 5.701 mujeres y 16.527 hombres. En la autonómica, son 32.231 de las más de 44.000 plazas --hay 12.297 varones--. Y en la municipal, son 8.491, por 9.066 compañeros masculinos.
