El sistema de becas, principalmente de comedor y las destinadas a universitarios, debe cambiar. Así lo entienden de forma unánime todos los sectores de la comunidad educativa, que exigen al futuro Gobierno un claro movimiento destinado a modificar la estrategia vigente para otorgar ayudas. "Hay que revisar los criterios de becas de comedor, así como, revisión de precios y calidad del comedor escolar. Además, el nuevo Gobierno debe restaurar el programa de préstamo de libros", indicó Flor Miguel, presidenta de Fapar.

También Fecapa incluye entre sus demandas una "solución inmediata" a las becas de comedor "porque el límite del IPREM que se pide no es justo, ya que las ayudas no llegan a toda la población de alumnos que realmente deberían beneficiarse de las becas".

Suavizar los requisitos también forma parte de las exigencias de sindicatos y colectivos como Marea Verde. "Pedimos la ampliación de la dotación de las becas de comedor y material escolar, extenderlas a junio y septiembre, que cubren al 100% del importe o aumentar los ingresos familiares máximos para su concesión", exponen desde CGT.

La escuela pública confía en que se confirme la suspensión de la LOMCE y, posteriormente, la derogación. "También deben rebajar las ratios y las horas lectivas, pero parar la LOMCE es lo prioritario", aseguró Alfonso Alegre, de Marea Verde.

Entre la amplia lista de demandas de Fapar ocupa un lugar principal la recuperación del presupuesto destinado a educación, instaurar el transporte escolar "como derecho, no como concesión", dotar de infraestructuras a la zona sur de Zaragoza y construir institutos, incluida la "urgentísima" ampliación del IES La Azucarera o varios aspectos relacionados con la escolarización. "Se deben modificar los criterios de admisión, especialmente la puntuación por domicilio laboral, hay que bajar las ratios, revisar la concertación del colegio privado en Cuarte y acometer una distribución equilibrada del alumnado", explicó Miguel, que subraya, asimismo, la relevancia de paralizar la LOMCE e iniciar un pacto por la Educación en Aragón "que dé estabilidad al sistema educativo".

Los padres de la concertada, por su parte, reclaman "más ayuda de refuerzo" a los niños con necesidad "para que no se queden descolgados", así como "fomentar la innovación educativa, buscar la mejor forma de educar a los jóvenes e incidir en la importancia de los idiomas, las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo", expuso su presidente, Miguel Ángel García, que denuncia que los centros concertados "estamos con un déficit de financiación pública, según el informe del sistema educativo que determino que tenemos un déficit del 40%. Es decir, nos ayudan en un 60%, pero el resto nos tenemos que apañar, y deseamos que se tienda a corregir esto, porque no es justo".

Entre los sindicatos, las peticiones se centran en la "defensa" de la escuela pública. "Solicitamos la retirada progresiva de los conciertos empezando por los de las etapas no obligatorias, como FP, Infantil o Bachillerato, mejorar las condiciones laborales del profesorado interino y una ampliación sustancial del presupuesto dedicado a Educación", reclama CGT, que, asimismo, advierte de la conveniencia de abrir el proceso de debate para la libre elección de jornada y pretende la reducción "al mínimo legal" de la asignatura de Religión, "hasta su definitiva exclusión del horario lectivo".

La universidad confía en que el Gobierno adopte una postura favorable a la moratoria de dos años solicitada por el rector para la implantación de grados de 3 años. Además, advierte de que los cambios introducidos en Erasmus "puede poner en riesgo" el programa y pide frenar la caída de la inversión en I+D+i.

Asimismo, el rectorado reclama más financiación de la DGA. "Somos una de las peor financiadas por parte de su comunidad, con solo el 58,8%".