La responsable de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, se enfrentó ayer cara a cara con todas las entidades que se verán damnificadas en la próxima adjudicación de las subvenciones de su área. Dotadas con 1,55 millones de euros en total y sin apoyos políticos en el pleno, la concejala de Zaragoza en Común (ZeC) se ve en la tesitura de tener que aprobar en solitario unas ayudas que nadie comparte, ni partidos políticos ni colectivos, y que atienden a unas bases concursales que ella no confeccionó. Pero que, en la práctica, dejan reducciones significativas de más del 30% para asociaciones que llevan años trabajando en programas consolidados. O una reducción de fondos para las vinculadas a personas discapacitadas, que es del 18,6%, 71.350 euros menos a repartir.
La polémica suscitada por la adjudicación de las subvenciones abre el debate, sin buscarlo, sobre los criterios que el Ayuntamiento de Zaragoza utiliza para concederlas. Broto apeló a unos criterios técnicos, no políticos, que ahora deja mal parados incluso a colectivos a los que se les considera afines políticamente. Porque, lo cierto, es que la cuantía global es la misma, hay 17 entidades nuevas que entran en el reparto y el mínimo de 300 euros se ha duplicado. Así, algunas tienen que ver reducida su porción del pastel. Aunque son más a los que les sube, 62, que a los que se les baja, 38, mientras a 51 se les mantiene intacta.
DIFERENCIAS NOTABLES
Pero el abanico de casos es muy variado. A pesar de que, oficialmente, nadie les ha comunicado nada, muchos colectivos ya lo saben. Y el problema llega cuando, por ejemplo, a la Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) se prevé otorgarles 23.500 euros menos que los 73.000 que llevan percibiendo en los tres últimos años. Y, peor aún, que se lo comuniquen ahora. O que la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Las Fuentes (Adislaf) pierda 26.000 de los 66.000 euros que recibía.
Tampoco la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha llevado muy bien ver disminuida su ayuda en un 33%. O la Asociación de Personas Sordas de Zaragoza (ASZA), que tendrá 10.000 euros menos en los 50.000 que tradicionalmente se le otorgaban. O que se deje en la mitad la subvención para la Federación de Donantes de Sangre (de 5.000 a 2.500 euros para organizar el Día del Donante), o que a la asociación vecinal Manuel Viola de Delicias se le deje en 40.000 los 71.000 euros que disfrutaba.
¿Por qué? ¿Quién decide qué programa es más importante? ¿Cómo se puntúan y por qué dejar a la deriva a algunos de los que llevan años prestándose? En torno a esas incógnitas giró ayer la reunión convocada por Broto en el salón de plenos del consistorio y que congregó a un centenar de personas. Para escuchar sus explicaciones, para trasladarle a ella su enorme malestar. Broto dijo actuar "con responsabilidad" ante una convocatoria que se realizó en abril y que el anterior Gobierno no adjudicó.
En declaraciones a este diario, la responsable municipal de Derechos Sociales admitió que comparte el malestar que muchas entidades puedan tener por unos criterios que "hay que mejorar", pero que tendrá que ser en el 2016, porque ahora "importa más que puedan cobrar, sobre todo las más pequeñas".
"Lo que no puede ser es que tarden tanto en resolverse, deberían estar en un plazo brevísimo", añadió. Aunque apostilló que estas asociaciones "no deberían saber las cuantías hasta el momento en que se apruebe su adjudicación definitiva". Porque eso lleva a contar con un dinero que nadie puede garantizarles.
En este sentido, Broto destacó que se les están trasladando datos erróneos --"desinformación", dijo-- pero que en el consejo sectorial, que se celebra mañana, va a trasladar su apuesta de hacerles partícipes a todas para decidir los criterios de valoración más idóneos (las grandes y las pequeñas, juntas, como ayer), y buscar una solución coordinada con el Gobierno de Aragón para hacer "un planteamiento global" en el reparto de ayudas.
