El Gobierno central quiere que haya menos municipios. Intentó en un principio forzar las fusiones. Pero ante la oposición de todas las comunidades autónomas no ha tenido más remedio que buscar fórmulas alternativas. Los pueblos que opten por unirse con otros vecinos verán incrementada su financiación; tendrán preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones o estarán exentos de prestar nuevos servicios como consecuencia del aumento poblacional.

Así figura en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El espíritu del texto antepone los criterios economicistas por encima de cualquier otra consideración. La eficiencia, la eficacia y el equilibrio financiero de los municipios constituyen la médula espinal de la nueva norma, que ya se ha encontrado con la oposición frontal de los partidos y agentes sociales.

Aragón no aparece en el anteproyecto, aunque se hace mención expresa a las comarcas, que adquieren la condición de entidades locales. Se garantiza el respecto a esta forma de organización territorial, bajo el pretexto de que figura reconocido en el Estatuto de Autonomía. El PP logra así colmar buena parte de las reivindicaciones del PAR, socio de Gobierno de los populares en la comunidad. Sin embargo, los aragonesistas siguen sin verse reconocidos en el texto y continúan mostrándose en contra.

Aunque más que las comarcas, el anteproyecto potencia y refuerza el papel de las diputaciones provinciales, que se convierten en coordinadoras de los servicios mínimos de los municipios con menos de 20.000 habitantes. Es decir, la mayoría en el caso de Aragón.

Se elimina, respecto a borradores anteriores, el concepto de coste estándar de los servicios, por el de coste efectivo. Los ayuntamientos deberán remitir cada año, antes de 1 de noviembre lo que vale la prestación de sus competencias. Si bien en el texto no se especifica qué consecuencias tendrá la remisión de estos datos.

El anteproyecto define las competencias de las que harán cargo los municipios, tales como urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua, infraestructuras viarias, policía local, tráfico o promoción cultural. Las distingue además de los servicios que los ayuntamientos tendrán que garantizar, y que varían en función del número de habitantes: alumbrado público, recogida de residuos, suministro de agua, parques (los que tengan más de 5.000 habitantes), o protección civil (los de más de 20.000 vecinos).

Las entidades locales solo podrán ejercer las competencias que se les asigna en este anteproyecto de ley. Si las tienen atribuidas por delegación solo las podrán prestar si no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda.

El Estado y las comunidades autónomas también podrán delegar competencias en los municipios. Aunque siempre con el fin último de mejorar la eficiencia y para eliminar duplicidades. Si se opta por esta vía deberá acompañarse de una memoria económica e irá acompañada de la correspondiente financiación, que deberá figurar en los presupuestos de la Administración delegante. De incumplirse el pago, podrá compensarse con otras deudas anteriores.

Las diputaciones tendrán la posibilidad de asumir la prestación de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes --como la recogida de residuos, la limpieza viaria o la pavimentación de vías--, pero el coste efectivo de los mismos repercutirá en los ayuntamientos.