Uno de los objetivos del anteproyecto es redimensionar el sector público local. Por ello, las empresas que se encuentren en desequilibrio financiero tendrán dos meses, desde la entrada en vigor de la ley, para aprobar un plan de corrección. Si a fecha de 31 de diciembre del 2014 no se hubiese cumplido esta condición, la sociedad debería aprobar su presupuesto de ese ejercicio y su liquidación. De no hacerlo, el 31 de agosto del 2015 dichas entidades quedarán disueltas.
