El mayor problema que tiene la retribución variable en la administración pública es la forma de conocer la productividad de cada trabajador. Y más en un momento en el que hay una criminalización del sector público, como si se les responsabilizara de la crisis económica o de no tener un rendimiento económico, algo que no se ajusta a la realidad de forma generalizada y que ha sido condenado por los sindicatos. Estos sistemas de retribución variable siempre deben garantizar la neutralidad del empleado público y depender de elementos objetivos y objetivables de forma muy bien definida, de modo que se pueda conocer el importe del salario final. Por este motivo, la voluntariedad es, además, el mejor método para garantizar su aplicación y estimular el trabajo.
