Según fuentes solventes, existe un informe de la Dirección General de la Función Pública que desaconseja la aprobación de esta ley al poder tener elementos de inconstitucionalidad y no atender a los principios de concurrencia y transparencia a los que se deben acoger las medidas que afectan al empleo público. Por ello, podría ser recurrida y la Justicia podría revocarla, al tiempo que podría tener un efecto llamada con otros consorcios o empresas públicas. Conocedores de este informe, numerosos sindicatos y personal afectado solicitan que se difunda y se haga público.
